DPLF entrega propuesta en materia de derechos de los pueblos indígenas al tribunal superior de justicia del estado de Guerrero

15 de febrero 2013

El pasado viernes 15 de febrero, en el marco de los trabajos de colaboración que DPLF lleva a cabo con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, institución que encabeza en la entidad los esfuerzos para la reforma al sistema de justicia, entregamos una propuesta de normas en materia de derechos de los pueblos indígenas para que sean analizadas y, en su caso, incorporadas al Proyecto de Código Procesal Penal acusatorio que actualmente se prepara en la entidad.

En el Estado de Guerrero actualmente se prepara un proyecto de Código Procesal Penal que cumpla con las exigencias derivadas de la reforma del 2008 a la Constitución mexicana que crea un sistema acusatorio de juzgamiento. Para DPLF dicha normatividad no puede prescindir de la inclusión de derechos específicos de los Pueblos indígenas ya que la misma tiene una potencial incidencia en el goce de los mismos. En virtud de ello, se preparó una propuesta por personal experto en el tema que labora en la Asociación tomando en consideración las normas constitucionales mexicanas, las experiencias de otras entidades de la República y los estándares internacionales en la materia.

Dicha propuesta, que fue entregada por Rubén Vasconcelos, representante en México de DPLF, al Dr. Adrián Vega, responsable de la Coordinación de la Implementación de la Reforma Penal en el Tribunal de Justicia tiene como ejes básicos los siguientes: reconocer el derecho de las personas cuya lengua materna no sea el español a usar durante todo el proceso su propio idioma; el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a contar con intérprete certificado; y el derecho a que su defensor tenga conocimiento de su lengua y cultura.

Asimismo, se propone incorporar en el Código Procesal Penal la facultad del juez de ordenar la realización de un peritaje especial cuando el juzgamiento del caso o la individualización de la pena requieran un tratamiento especial, por tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo social con normas culturales particulares o cuando por la personalidad o vida del acusado sea necesario conocer con mayor detalle sus normas culturales de referencia. En los casos de pueblos indígenas se considera importante que este pueda ordenar la realización de peritajes antropológicos y solicitar a autoridades tradicionales o miembros de la comunidad indígena a la que pertenezca el imputado, que le trasmitan particularidades de su cultura con el objeto de que tenga mayor conocimiento para resolver el caso.

En fin, la propuesta señala que cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, se de validez al modo como la comunidad ha resuelto el conflicto conforme a sus propios sistemas normativos, usos y costumbres en la regulación y solución de sus conflictos internos, respetando los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, y por lo tanto, el juez pueda declarar la extinción de la acción penal a solicitud de las autoridades indígenas.

DPLF seguirá coadyuvando con las autoridades del Estado de Guerrero en el proceso de reforma a su sistema de justicia penal y, concretamente, en la búsqueda de fórmulas y mecanismos para hacer que en este se reflejen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.