En algunos países de América Latina, ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, se han otorgado facultades extraordinarias a los Poderes Ejecutivos, a los cuerpos de seguridad pública y a las fuerzas militares; lo cual, en algunos casos, se ha traducido en violaciones a la integridad y libertad personal de la población, especialmente de aquella que vive en condición de vulnerabilidad. Lo neurálgico es que esta nueva realidad agrava la tendencia regional de apelar a medidas de populismo punitivo como respuesta estatal ante los problemas de inseguridad.
De esto, El Salvador podría ser el ejemplo más dramático. Desde febrero de 2020, incluso antes de tener un caso confirmado de COVID-19 y antes que lo hicieran otros países latinoamericanos, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó acciones tempranas y estrictas para enfrentar la pandemia, tales como el cierre de sus fronteras (incluido el aeropuerto) y el establecimiento de un estado de excepción. Con apoyo de la Asamblea Legislativa, el gobierno impuso restricciones de movilidad de la población y una cuarentena domiciliar.
Dichas iniciativas le trajeron reconocimiento internacional; pero también numerosas críticas de sociedad civil, academia y prensa, tanto por la improvisación y la falta redición de cuenta en la implementación de las mismas, como por la amplia discrecionalidad otorgada a los cuerpos policiales y militares, quienes han recurrido al uso excesivo de la fuerza. Es importante reflexionar sobre cuáles son los límites que el respeto a los derechos humanos impone; qué tipo de restricciones legítimas pueden y deben establecerse en este tipo de circunstancias; si las fuerzas de seguridad son las responsables de controlar esta emergencia sanitaria; y, la más importante, qué medidas pueden adoptarse para evitar y sancionar los abusos que pueden ser cometidos en este contexto. Para ese propósito, proponemos organizar un webinar que analice la experiencia salvadoreña a la luz del contexto latinoamericano.
