DPLF y organizaciones aliadas presentan amicus curiae sobre afectación al derecho de consulta previa, libre e informada de comunidad indígena Me’phaa en Guerrero, México

Fri, 11/11/2016 - 14:39 -- dplf

Foto: Tlachinollan

Chilpancingo, Guerrero, 11 de noviembre de 2016.-

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Centre de la Universidad de Ottawa y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) presentaron hoy un escrito de amicus curiae ante el Juzgado Primero del Vigésimo Primer Circuito en el estado de Guerrero.

El propósito del escrito es contribuir a la decisión del Juzgado Primero en torno a una demanda de amparo interpuesta por la comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso, Guerrero. El amparo se refiere a la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno 02/2015, por parte de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, para que particulares obtengan concesiones de licencias para la exploración y explotación de recursos naturales en territorios ancestralmente ocupados por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso.

El escrito de amicus curiae resalta los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Constitucional comparado sobre la consulta previa, libre e informada, así como de derechos territoriales de los pueblos indígenas, aplicables a la concesión de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales susceptibles de afectarles.

Las organizaciones signatarias del amicus curiae esperan que el Juzgado Primero de Distrito anule la Declaratoria de Libertad de Terreno 02/2015, en tanto su adopción no fue precedida de un proceso de consulta a la comunidad de San Miguel del Progreso, cuyos integrantes han manifestado estar en contra de megaproyectos de minería en su territorio.

Una decisión que se aparte de los estándares internacionales detallados en el escrito de amicus curiae no solo desconocería los derechos fundamentales del pueblo Me’phaa de San Miguel del Progreso, sino que deslindaría en el incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano.

 

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Marcela Alcántara

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