Las organizaciones firmantes del comunicado se solidarizan con la comunidad Chicoyogüito, cuyos miembros fueron victimas de graves violaciones a sus derechos fundamentales, en eventos ocurridos hace 50 años.
En efecto, el 28 de julio de 1968, la comunidad de Chicoyogüito fue desalojada y despojada de sus tierras para instalar la Zona Militar No. 21, hoy conocida como CREOMPAZ, en Cobán, Alta Verapaz. Durante el conflicto armado interno, la Zona Militar No. 21 se convirtió en el centro de la coordinación e inteligencia militar, además de ser un centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, y violaciones sexuales cometidas durante 1978 y 1990. Los sobrevivientes de Chicoyogüito sufren actualmente condiciones de pobreza extrema, causada por el despojo militar de sus tierras. Además de ocupar por la fuerza su territorio, el Ejército de Guatemala sometió a muchas personas de Chicoyogüito a trabajos forzados en las instalaciones militares.
En enero de 2016, el Ministerio Público detuvo a 11 altos oficiales militares, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, Benedicto Lucas García, por su presunta culpabilidad en los crímenes descubiertos en la Zona Militar No. 21. En junio de 2016, el juez de primera instancia determinó que hubo suficiente evidencia para enviar a ocho de los acusados a juicio. Sin embargo, hasta el día de hoy, el proceso continúa estancado.
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