Hacia un Mecanismo Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador

Thu, 06/29/2017 - 16:51 -- dplf

El pasado enero, el Presidente de El Salvador anunció la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado que vivió ese país entre 1980 y 1992, en respuesta a un largo clamor de las víctimas. Durante los meses siguientes se instaló una mesa de diálogo entre sociedad civil y representantes del gobierno para revisar una propuesta legal y preparar las condiciones para un eventual funcionamiento de la Comisión. Esta fase concluyó exitosamente con un proyecto de decreto presidencial de consenso y se espera que el gobierno lo apruebe próximamente.

De este modo, El Salvador se sumaría a la lista de países que están creando institucionalidad nacional para enfrentar el fenómeno de las desapariciones ocurridas en periodos de violencia política, tal es el caso de Perú, con la aprobación de la Ley 30470 para la búsqueda de desaparecidos entre 1980 y 2000, y Colombia con la creación de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBDP), producto de los Acuerdos de Paz. Estos dos modelos, entre otros, con sus fortalezas y debilidades aportan soluciones y dan luces del camino a seguir.

En 1993, la Comisión de la Verdad para El Salvador registró 5,000 casos de desapariciones forzadas, aunque las víctimas y las organizaciones de derechos humanos documentaron por lo menos 10,000. En 2007, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, recomendó la creación de un mecanismo eficaz para la búsqueda de personas desaparecidas, con la participación real de la sociedad civil organizada, en el marco de su visita oficial al país.

En 2010, por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se creó la Comision de Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos durante el conflicto armado, que a la fecha ha resuelto cerca de 300 casos. A pesar de que esta Comisión ha sido una experiencia exitosa que podría haberse replicado, nunca se creó un mecanismo similar para buscar a las personas adultas cuyo paradero se desconoce desde hace más de tres décadas. Ahora,  confiamos en que el gobierno se pondrá al día con esta deuda, creando una nueva Comisión,  con el apoyo de sociedad civil y de la comunidad internacional.

El compromiso oficial de crear una Comisión Nacional de Búsqueda se hizo público en el marco de la visita de una delegación formada por jóvenes salvadoreños-estadounidenses, hijos e hijas de padres desaparecidos, el Congresista estadounidense demócrata James McGovern y líderes del sector religioso, académico y de derechos humanos de Estados Unidos. Los miembros de la delegación, junto a los grupos de víctimas del conflicto armado y organizaciones de sociedad civil en El Salvador, incluido DPLF, presentaron una propuesta técnica para la creación de una Comisión de Búsqueda, como punto de partida para el diálogo participativo.

Esta Comisión se prevé como una entidad formada por tres Comisionados o Comisionadas independientes e idóneos, con facultades legales para recibir y requerir información sobre el paradero de los desaparecidos, que proporcione atención integral a las víctimas y con capacidades genético-forenses especializadas.

La creación por decreto de una Comisión no resolverá de la noche a la mañana todos los obstáculos políticos y técnicos que se han presentado en la búsqueda de las personas desaparecidas en El Salvador; pero si representará una oportunidad sin precedentes para dar respuesta a los familiares, si realiza su labor con compromiso, respeto a las víctimas y enfoque científico.

A la aprobación del decreto, le seguirá una fase de instalación, que comprenderá la selección de los Comisionados o Comisionadas, y la asignación de recursos necesarios para su funcionamiento, para luego pasar a la planificación y diseño de las estrategias de búsqueda. Asimismo, la Comisión tendría que aprovechar las experiencias internacionales en la búsqueda de desaparecidos en contextos similares al salvadoreño.

DPLF viene acompañando de cerca este histórico proceso, promoviendo espacios de diálogo informado y aportando asistencia técnica desde el derecho internacional y la experiencia comparada.

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