Un suplemento temático de “Planes Nacionales de Acción sobre empresas y derechos humanos: El kit de herramientas para la elaboración, aplicación y revisión de los compromisos de los Estados con los marcos sobre las empresas y los derechos humanos”
Autores del Reporte:
Cindy Woods, Asociada Legal y de Políticas
Mesa Redonda Internacional para la Rendición de Cuentas Empresarial (ICAR)
Katharine Valencia, Oficial de Programa Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Daniel Cerqueira, Oficial de Programa Sénior Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
A continuación, un resumen del informe. El documento completo en español será publicado a inicios de 2018.
Aproximadamente 3.5 mil millones de personas viven en países ricos en petróleo, gas y otros recursos minerales. Si bien la explotación de estos recursos naturales tiene la capacidad de impactar positivamente a los ciudadanos de los respectivos países, generalmente, muy poco de la riqueza generada por los proyectos extractivos beneficia a las comunidades donde éstos operan.
A menudo, las comunidades de las áreas afectadas por los proyectos extractivos sufren desplazamiento, contaminación ambiental, así como otros daños y abusos contra los derechos humanos. Asimismo, se les priva frecuentemente de una voz significativa en los procesos de toma de decisiones. Dentro de estas comunidades, los derechos de las mujeres y los jóvenes están particularmente en riesgo. Además, los defensores de derechos humanos que buscan proteger a sus comunidades y al medio ambiente enfrentan cada vez más amenazas y represalias por su trabajo de oposición a proyectos extractivos.
Adicionalmente, muchos países ricos en petróleo y recursos minerales enfrentan lo que se ha venido a conocer como la "maldición de los recursos", donde a pesar de su abundancia de recursos naturales, estos países ven menor crecimiento económico, democracia y desarrollo equitativo que sus vecinos con menos recursos. La corrupción y la mala gobernanza se encuentran, a menudo, en la raíz de este fenómeno. Los factores clave para superarlo son la transparencia y la rendición de cuentas, una mejor gestión de los recursos, marcos jurídicos más sólidos para las empresas y políticas fiscales que beneficien a las comunidades afectadas y a la sociedad en general.
A pesar de los efectos dañinos ampliamente conocidos de las operaciones extractivas en las comunidades en las que operan, los Estados, los bancos de desarrollo y las empresas extractivas continúan apoyando estos proyectos, sin la debida consideración de sus posibles impactos en los derechos humanos. En particular, los pueblos indígenas y tribales no son consultados con respecto a posibles licencias para proyectos susceptibles de afectar sus comunidades, como exige el derecho internacionalmente reconocido al consentimiento previo, libre e informado (CPLI).
En este contexto, esta guía se ofrece como una herramienta para que los Estados y otras partes interesadas evalúen el impacto de los proyectos extractivos potenciales y en curso sobre los derechos humanos en el marco de los Planes Nacionales de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos. Como cuestión preliminar, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP, por sus siglas en inglés) se aplican a todos los Estados y empresas, independientemente de su tamaño, sector, ubicación, propiedad y estructura. Luego de la adopción de los UNGP en el 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó a todos los Estados miembros que redacten PNA sobre empresas y derechos humanos. Si bien un Estado debe considerar todos los sectores e industrias al desarrollar un PNA sobre empresas y derechos humanos, dada la alta probabilidad de que haya impactos adversos causados por proyectos extractivos, los Estados ricos en recursos naturales y/o que albergan empresas extractivas multinacionales deberían considerar especialmente al sector extractivo dentro del marco sustantivo de su PNA.
SOBRE ESTA GUÍA
Este informe provee una guía sobre cómo las cuestiones de derechos humanos relacionadas con el sector extractivo pueden ser abordadas en los PNA sobre empresas y derechos humanos, así como en otras políticas similares. Esta guía está diseñada para ser usada tanto por Estados con grandes cantidades de petróleo, gas y extracción de recursos minerales (Estados anfitriones) como por Estados donde las empresas extractivas multinacionales están domiciliadas o registradas (Estados de origen). Este documento contiene dos herramientas de aplicación:
Si bien está más allá del ámbito de esta publicación el presentar un análisis profundo de todas las implicaciones de los proyectos extractivos en materia de derechos humanos, esta guía tiene como finalidad proporcionar un conjunto de herramientas prácticas a través de las cuales los Estados,
junto con la sociedad civil y otros actores relevantes, pueden explorar estos desafíos específicos. A través de la lista de control de PNA y el modelo de Estudio de Línea Base, los Estados pueden analizar los marcos legales y políticas existentes, y proponer nuevas leyes, políticas y prácticas que respondan de manera específica a los riesgos para los derechos humanos que presenta la industria extractiva.
Las herramientas prácticas incluidas en esta guía están diseñadas para ser usadas en conjunto con el "Juego de Herramientas para PNA" de Mesa Redonda Internacional para la Rendición de Cuentas Empresarial (ICAR) y el Instituto Danés para los Derechos Humanos (DIHR). Esta guía es la tercera de una serie de publicaciones temáticas centradas en grupos específicos de titulares de derechos o temas particularmente relevantes para la cuestión de empresas y derechos humanos. Como tal, se basa en previas guías de la serie: el suplemento temático "Derechos del Niño en Planes Nacionales de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos", publicado por ICAR, DIHR y UNICEF en 2015, y el suplemento temático "Personas defensoras de derechos humanos en los Planes Nacionales de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos", publicado por ICAR y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) en 2016. En la medida en que los defensores de derechos humanos son individuos que protegen sus derechos en el contexto de operaciones extractivas, la Guía de ICAR-ISHR sobre los Defensores de Derechos Humanos debe ser consultada como referencia. De manera similar, en la medida en que las consideraciones de derechos humanos específicas a la industria extractiva tengan un impacto en los niños, se debe tomar en consideración la Guía ICAR-DIHR-UNICEF sobre los Derechos del Niño en los PNA.
Esta guía sobre la industria extractiva se basa en la experiencia de ICAR en la creación, implementación y revisión de PNA sobre empresas y derechos humanos. También se basa en la extensa investigación y análisis realizados durante la última década por el programa de Derechos Humanos e Industrias Extractivas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Su contenido fue actualizado en base a consultas con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan de cerca en el área de empresas, derechos humanos e industrias extractivas.
Esta guía debe tomarse como un conjunto de elementos mínimos de consideración en la creación de un PNA. Adicionalmente, los Estados siempre deben consultar a las comunidades afectadas por las operaciones extractivas a lo largo del desarrollo y la implementación de un PNA para garantizar que éste sea lo más eficaz posible.
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