México: El gobierno debe respetar prioridades de desarrollo de las comunidades indígenas

January 23, 2019

Foto: Fundar

  • Es necesario revertir la Reforma Energética y otras leyes que impiden la libre determinación de las comunidades sobre sus territorios
  • Preocupa a líderes indígenas que el nuevo gobierno apruebe el Tren Maya y el Corredor Transísmico, sin tomar en cuenta las comunidades que serán afectadas

Los pueblos indígenas en México han sido discriminados históricamente, y esto se ha agravado en las últimas décadas por la proliferación de grandes proyectos de inversión en territorios indígenas, a costa de la criminalización y la violencia en contra de defensores y defensoras indígenas, entre otras violaciones a sus derechos colectivo.

Este martes se celebró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el Foro “Libre determinación y consulta en contextos de megaproyectos en México”, que contó con la presencia del Representante en México de la OACNUDH, Jan Jarab, autoridades del nuevo Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), la CNDH, integrantes de comunidades indígenas de los pueblos Maya y Zapoteco, organizaciones de la sociedad civil y la academia, que participaron que un debate crítico y plural sobre el tema.

En el encuentro se evidenció cómo el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, lejos de ser un instrumento efectivo que les permita a las comunidades decidir en torno a sus prioridades de desarrollo, se ha convertido en un mecanismo para validar y legalizar el despojo de las comunidades en sus territorios.

Estos abusos ocurren particularmente cuando el Estado realiza procesos de consulta con concesiones y permisos ya aprobados, sin respetar el carácter previo de este derecho fundamentales, los tiempos de las comunidades, sus autoridades y sus formas de decisión. Líderes y lideresas indígenas que participaron en el foro describieron procesos de consulta llevados a cabo en condiciones de violencia y hostigamiento en contra de quienes resisten la imposición de los proyectos de inversión, así como la falta de información precisa sobre sus verdaderos impactos en los territorios y en el medio ambiente.

En visitas recientes al país, la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalaron algunos de esos patrones que apuntan hacia el incumplimiento de las obligaciones internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas por parte de México. Así lo subrayó Jan Jarab, también a partir del trabajo que su oficina ha realizado de monitoreo de procesos relevantes de consultas indígenas.

A su vez Eréndira Cruz Villegas, Cuarta Visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, compartió las diversas recomendaciones emitidas por la CNDH dirigidas a reparar las violaciones al derecho a la consulta previa e impedir la criminalización de defensores por vía de medidas cautelares.

Por parte de las autoridades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Mtro. Hugo Aguilar, reconoció este complejo contexto y puso el acento en la necesidad de fortalecer los canales de participación y diálogo con las comunidades, así como la incorporación de sus visiones de desarrollo en las propuestas del gobierno entrante. En este sentido, aspiran a promover un marco constitucional más robusto de protección de los derechos indígenas y abrir una consulta amplia con los pueblos en torno al Plan Nacional de Desarrollo.

No obstante, en voces como la de la lideresa zapoteca Bettina Cruz, preocupa que megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transísmico repliquen las malas prácticas de gobiernos anteriores, de excluir a las comunidades de la decisión o con consultas simuladas que no garantizan su consentimiento previo, libre e informado. La activista cuestionó que se busque solucionar los problemas que enfrentan los pueblos indígenas mediante una ley general de consulta; propuesta que ha sido abanderada en varias iniciativas legislativas de Morena.

Para evidenciar las problemáticas expuestas durante el foro, las organizaciones convocantes, Fundar, la Fundación para el Debido Proceso y el Instituto de Jurídicas hicieron la presentaron del informe “De la consulta a la libre determinación de los pueblos…”.

Este informe documenta cómo las diferentes instancias del Estado mexicano (Poderes legislativo, ejecutivo y judicial) incumplen con sus obligaciones internacionales en materia de consulta y consentimiento, previo libre e informado. El informe subraya que la aplicación de políticas de desarrollo priorizan la extracción intensiva de bienes naturales comunes, como la Reforma Energética, y han implicado un despojo de los pueblos indígenas sobre sus territorios, entre otras violaciones a sus derechos fundamentales. En este sentido, recomendamos un cambio estructural en las políticas desarrollo y marcos legales y establecer un diálogo permanente y continuo con los pueblos indígenas, en condiciones de igualdad y respeto a sus derechos humanos.