México responde sobre crímenes de lesa humanidad ante la CIDH

Tue, 10/24/2017 - 20:41 -- dplf

En julio de 2017, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), así como un grupo amplio de organizaciones mexicanas, emitieron una comunicación a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitando la apertura de un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en Coahuila en el periodo comprendido entre el 2009 y el 2016. 

El análisis contenido en dicha comunicación, fue el día de hoy presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública, frente a representantes del Estado mexicano en el marco de su 165º periodo de sesiones llevado a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

La información presentada el día de hoy, contenida en el informe “México: Asesinatos, desapariciones y tortura en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad” constituye una investigación y análisis jurídico de la situación de los derechos humanos en Coahuila realizado por la FIDH con el apoyo de más de 100 organizaciones mexicanas.

Durante la audiencia pública ante la CIDH, representantes del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la CMDPDH y la FIDH destacaron que entre el 2009 y el 2016 se cometieron crímenes graves, incluyendo la privación de la libertad física, la tortura y desapariciones forzadas, en la forma de un ataque sistemático del Estado mexicano contra la población civil. Tal como lo afirmaron en el Informe, estos crímenes califican como crímenes de lesa humanidad y son, por tanto, de competencia de la CPI.

Durante la audiencia, representantes de las organizaciones abordaron la colusión de las autoridades estatales responsables de la seguridad con los Zetas para la comisión de crímenes de lesa humanidad entre el 2009 y el 2011, así como la responsabilidad directa de las autoridades estatales responsables de la seguridad, a través de las fuerzas especiales, en la comisión de crímenes de lesa humanidad. En particular, señalaron la colusión del exgobernador Humberto Moreira y su fiscal general Jesús Torres Charles; a su hermano Rubén Moreira (siguiente gobernador del estado); a alcaldes; policías municipales, estatales y federales; militares y agentes del Ministerio Público de los fueros local y federal. 

También hicieron hincapié en dos casos particularmente violentos: la Masacre de Allende y el caso del Penal de Piedras Negras.

Así mismo, desarrollaron un análisis del carácter sistemático del ataque contra la población civil, explicando que ha sido posible identificar “la repetición de crímenes realizados según la misma lógica, de acciones preparatorias y coordinadas, demostrando la existencia de una política de cometer un ataque contra la población civil”.

Por su parte, pese a que la delegación representante del Estado mexicano se comprometió a la investigación y sanción de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, rechazó expresamente cualquier tipo de cooperación internacional para revertir la impunidad en el país.

Pese a aceptar que colabora ya el Estado de Coahuila con un grupo de asesores internacionales para la prevención e investigación de violaciones graves cometidas en el Estado, rechazaron contudentemente aceptar el establecimiento del Consejo Asesor, recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con composición internacional de personas expertas en la materia.

En un ejercicio inédito, la audiencia pública ante la CIDH fue transmitida y seguida por un panel de discusión en la CDMX. La falta de voluntad política y capacidad institucional para investigar y sancionar asesinatos, desapariciones y tortura en México, la política deliberada del Estado de cometer crímenes atroces y la compenetración de organizaciones criminales con autoridades estatales, fueron analizadas por especialistas en la materia e integrantes de la sociedad civil, como lo fueron Ana Laura Velázquez Moreno (Área de Primer Contacto y Atención a Víctimas. Idheas. Litigio Estratégico) – Norma Quintero (Área internacional del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios) – José Antonio Guevara (Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos) – VIA REMOTA: Ximena Medellín (Profesora-Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas) – Ariel Dulitzky (Director de la Clínica Jurídica de la Universidad de Texas) y Naomi Roht-Arriaza (Profesora de la Universidad de California. Hastings College of the Law) y moderado por Ixchel Cisneros del Centro Nacional de Comunicación Social – Cencos.