Organizaciones internacionales exhortan a que se garantice el acceso a la justicia de las víctimas del caso CREOMPAZ en relación con el antejuicio al congresista Edgar Justino Ovalle

Fri, 02/17/2017 - 17:25 -- dplf

17 de febrero de 2017, WASHINGTON, D.C. Y CIUDAD DE GUATEMALA—Las organizaciones abajo firmantes alertamos sobre los intentos de obstaculizar la garantía de justicia para las víctimas de desaparición forzada del caso CREOMPAZ. Desde hace más de un año, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala recibió la solicitud del Ministerio Público de retirar la inmunidad parlamentaria al congresista del partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN), Edgar Justino Ovalle Maldonado, sin que el caso sea resuelto. Si la Corte ordena que su inmunidad sea retirada, Ovalle Maldonado enfrentaría cargos por diversos crímenes contra la humanidad ocurridos durante el conflicto armado en ese país.

El Ministerio Público argumenta que el congresista Ovalle es responsable  por torturas, detenciones ilegales y asesinatos contra pobladores, ocurridos en 1983 en la Zona Militar No. 21, conocida hoy como CREOMPAZ, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, mientras ejerció el cargo de Oficial del Estado Mayor de dicha instalación militar. A petición del Ministerio Público (MP), y autorizado por una jueza, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ha realizado exhumaciones en CREOMPAZ; desde 2012, han exhumado a 565 personas, 142 de los cuales han sido identificadas, utilizando ADN, como víctimas del conflicto armado interno. En este caso, otros ocho altos ex jefes militares han sido acusados y enviados a juicio.

La Corte Suprema de Justicia inicialmente denegó la solicitud del MP de iniciar un antejuicio en contra del congresista Ovalle. En respuesta, el MP y los querellantes interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que ordenó a la Corte Suprema a sustentar su decisión. En el proceso ante la CC, en julio de 2016, las organizaciones que suscribimos este comunicado presentamos un amicus curiae (http://www.dplf.org/sites/default/files/amicus.pdf) con argumentos de derecho que demostraban que el antejuicio es procedente en este caso.

A consecuencia de esta diligencia, en septiembre de 2016, la Corte Suprema asignó a la jueza Benicia Contreras Calderón—Magistrada Vocal de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal—para investigar los hechos y resolver la solicitud del MP. La jueza tenía 60 días para emitir su informe, que hasta hoy no ha sido presentado.

En ese contexto, el día 14 de febrero de este año, el congresista Ovalle compareció ante la jueza pesquisidora y presentó sus pruebas de descargo. Una de ellas fue un documento firmado por la Secretaria General a.i. Gabriela González Cornejo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF),  en el cual explica el alcance de un Convenio suscrito entre INACIF y FAFG.  Las respuestas de la Secretaria General a. i.  no se refieren, ni puede referirse a la idoneidad de los peritos propuestos por las partes, ya que no se encuentra dentro de su mandato legal realizar esta calificación. 

A lo anterior se suman las acciones por parte del Congresista Ovalle —entre ellos la recusación de la jueza pequisidora y el amparo presentado luego de que le denegaron la recusación— que parecieran estar encaminadas a  entorpecer y retardar el proceso de antejuicio con la finalidad de denegar el derecho de acceso a la justicia de  las víctimas, quienes han esperado 35 años para que el sistema responda a sus demandas.

Las organizaciones  firmantes consideramos que es necesario que las victimas del proceso CREOMPAZ sean tuteladas judicialmente y que el Poder Judicial de garantice su derecho a la justicia a través de la investigación, procesamiento y castigo a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas.

Firman:

Abogados Sin Fronteras – Canadá
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Impunity Watch
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Plataforma Contra la Impunidad
Robert F. Kennedy Human Rights
Washington Office on Latin America (WOLA)

 

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