Bajo los estándares internacionales vigentes, los Estados deben adoptar políticas que garanticen el goce de los derechos de las mujeres mediante la prevención, investigación y sanción de todas las formas de discriminación y violencia. El impacto de la industria extractiva, si bien es particularmente negativo para los pueblos indígenas, respecto a sus derechos colectivos al territorio y recursos naturales, se exacerba cuando se trata de las mujeres en zonas rurales, siendo afectadas de un modo distinto y, muchas veces, más profundo. Las actividades extractivas y, en general, los megaproyectos de inversión suelen traer consigo cambios en las relaciones de género, ahondando muchas veces las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, debido a la alteración de las condiciones sociales, económicas y ambientales de sus comunidades. Por otro lado, el avance de las actividades extractivas viene acompañado, muchas veces, de diversas formas de violencia contra niñas y mujeres, siendo una realidad que conlleva a riesgos para la vida e integridad de defensoras socioambientales en diversos países de la región. Pese a este escenario, ni los Estados ni las empresas que operan en América Latina y el Caribe han prestado suficiente atención a sus respectivas obligaciones con relación a los derechos de las mujeres.
Elaborado por DPLF y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), con el apoyo de Oxfam, el informe regional Género e industrias extractivas en América Latina y el Caribe sistematiza información sobre la problemática de la perspectiva de género en el marco de las extractivas con el fin de enriquecer el debate de las principales tendencias en materia de impactos en los derechos de las mujeres. En el capítulo I, se establece el marco teórico sobre género y extractivismo en América Latina, que abarca los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, en particular respecto a los derechos de las mujeres indígenas. El capítulo II aborda las principales tendencias en materia de impactos de las actividades extractivas en las mujeres. El capítulo III analiza el marco legal y políticas públicas de cuatro países seleccionados: Guatemala, Honduras, Colombia y Perú, que brindan luces sobre los retos que se tienen para mejorar la integración de la perspectiva de género en ellos, y perfeccionar su implementación. La última sección presenta una serie de recomendaciones a diferentes actores públicos y privados, con el fin de perfeccionar las normas, políticas y actuación Estados y empresas en torno al impacto diferenciado de las industrias extractivas en los derechos de las mujeres.
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