Luego de la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en el Perú, por encontrarse involucrados en graves escándalos de corrupción al interior del sistema de justicia, el gobierno peruano impulsó una consulta popular, vía referéndum, para la creación de la Junta Nacional de Justicia, como un ente autónomo que reemplazará al mencionado Consejo, y que tendrá la facultad extraordinaria de revisar los nombramientos, ascensos, ratificaciones y procesos disciplinarios resueltos por dicho organismo, y que podrían haber sido el producto de influencias ilícitas y actos de corrupción. Aprobada su creación por consulta popular, el Congreso peruano debate la aprobación de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
Mediante este informe, DPLF realiza un aporte técnico a ese proceso deliberativo.
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