La justicia salvadoreña ha sido incapaz de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y de guerra ocurridos durante los 12 años de conflicto armado en el país. Hasta la fecha, muy pocos procesos penales muestran avances y ningún victimario ha sido condenado.
Uno de los obstáculos al acceso a la justicia lo impuso la Ley de Amnistía General, aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 1993. Esta norma se mantuvo vigente hasta julio de 2016, cuando en ese año fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La anulación de la Ley fue de suma importancia; pero, hoy en día, aún no se ha logrado remover las barreras estructurales del esquema generalizado de impunidad, pese al impulso constante de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
El Laberinto de la (in)justicia refleja el tortuoso camino que víctimas y organizaciones de derechos humanos han tenido que enfrentar en la búsqueda de verdad y justicia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y los tribunales.
Los casos 14 que se presentan en esta serie son una muestra de la brutalidad que padeció El Salvador y de la urgencia de un sistema de justicia independiente y eficaz, como garantía de no repetición.
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