La década de 1990 fue importante para la reconstrucción democrática de El Salvador tras el conflicto armado interno que dejó al país con instituciones judiciales gravemente debilitadas y profundas cicatrices en su ciudadanía. Las reformas constitucionales posteriores a los Acuerdos de Paz buscaban fortalecer el sistema de justicia y las instituciones de control, proteger su independencia y evitar la manipulación política. Sin embargo, con el transcurso de los años, se revelaron graves casos de corrupción que involucraban a altos funcionarios y otros grupos de poder, lo que puso en duda la capacidad de las instituciones salvadoreñas para enfrentar eficazmente este fenómeno.

El Salvador aprobó leyes e implementó mecanismos para denunciar, investigar y sancionar actos de corrupción, pero recientes reformas legislativas y decisiones gubernamentales han dificultado –o impiden directamente– el acceso a la información pública y la posibilidad de denunciar y sancionar la corrupción.

Este informe busca documentar estos retrocesos y resaltar las herramientas y mecanismos que aún existen para combatir la corrupción en El Salvador, especialmente en el ámbito penal. En él, se describen las leyes y procedimientos legales que pueden utilizarse para identificar y denunciar actos de corrupción, y se documentan los principales hitos y medidas regresivas en materia anticorrupción que configuran una “carrera de obstáculos” para quienes investigan y denuncian prácticas corruptas. Este documento concluye con recomendaciones al Estado salvadoreño para detener el deterioro de la lucha anticorrupción y fortalecer la democracia.