Bolivia enfrenta un gran reto para reformar su sistema de justicia, que se caracteriza por violaciones frecuentes a la libertad de expresión y al debido proceso, así como el uso arbitrario de cargos infundados y detención preventiva. Los múltiples incidentes de represión violenta a protestas masivas, el uso de tortura por la policía y cuerpo militar, las amenazas en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos continúan sin investigar e impunes. Las y los fiscales públicos —al parecer motivados políticamente— han presentado repetidamente cargos en contra de figuras políticas por sedición o terrorismo. La independencia judicial ha sido seriamente menoscabada por más de una década, desde que la Constitución hizo a las y los votantes responsables por elegir jueces y juezas del Tribunal Supremo, de los cuales el 90% continúan como “temporales” y son susceptibles a la presión política.
DPLF contribuye a informar el diálogo nacional y el debate para una reforma al sistema de justicia de Bolivia, dirigiendo sus esfuerzos en la promoción de procesos independientes y en cumplimiento con estándares internacionales para la selección de funcionarios judiciales calificados de alto nivel, incluyendo fiscales y jueces, la independencia de las cortes y el respeto por los derechos humanos.
En colaboración con organizaciones nacionales e internacionales, también nos involucramos en promover el intercambio de buenas prácticas, así como de los hallazgos de investigación en el sistema de justicia boliviano.
Por medio de la publicación de análisis y estudios de investigación, DPLF documenta las dificultades que han prevenido la reforma y provee propuestas basadas en evidencias sobre cómo superarlas, en particular, para la elección popular de juezas y jueces.