Durante la última década, la situación de derechos humanos en México se ha agravado dramáticamente. Ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, son algunos de los delitos mas graves cometidos por agentes estatales que en su mayoría quedan en total impunidad. Crímenes atroces son cometidos permanentemente por grupos de delincuencia organizada, lo que ha creado zonas del país de acceso restringido por sus niveles de violencia. En ambos casos, es evidente la falta de respuestas adecuadas por parte de las autoridades a cargo de investigar y sancionar estos hechos, generando un clima de indefensión e impunidad.
Para DPLF, México es un país prioritario. Nuestras actividades están dirigidas a promover un poder judicial independiente, capaz de investigar y sancionar la comisión de delitos comunes, así como de aquellos que involucran a actores estatales o al crimen organizado. De manera especial, nos interesa mejorar las capacidades de las instituciones de justicia para llevar adelante una investigación penal adecuada y ayudar así a combatir la impunidad existente. Con la finalidad de promover un poder judicial más independiente, promovemos mejores sistemas de selección de jueces, especialmente de aquellos pertenecientes a altas cortes. Asimismo, y en colaboración con actores locales, promovemos un mayor uso del derecho internacional en la resolución de los conflictos generados por la extracción de recursos naturales o la construcción de grandes obras de infraestructura.
Los ejes de nuestro trabajo están el la investigación y el análisis de problemas concretos desde la mirada del derecho internacional, así como la posibilidad de aprender de experiencias compradas. Nuestras actividades son realizadas de la mano de actores locales, con quienes reflexionamos y buscamos soluciones de manera conjunta.