Los colectivos de víctimas y las organizaciones de derechos humanos que las representamos y que integramos la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) y el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral,rechazamos la reciente decisión de la nueva Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa, de enviar al archivo el anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador, presentado por nuestras organizaciones el 7 de octubre de 2021, sin que ese Órgano de Estado lo haya analizado alguna vez, y con la cuestionable justificación de que ya no es vigente.
Dicho anteproyecto de Ley fue elaborado por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que las representan, posterior a que se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General de 1993, emitida el 13 de julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional. Nuestras organizaciones presentamos esta propuesta, por intermedio de la Diputada Claudia Ortiz, como un porte para que el Órgano Legislativo cumpliera su obligación de legislar en materia de justicia transicional, según se lo ordenó la Sala de lo Constitucional en la referida sentencia de inconstitucionalidad de 2016. Para ello, se desarrolló un amplio proceso de consultas con familiares de víctimas, sobrevivientes y especialistas nacionales e internacionales, retomando los estándares nacionales –principalmente, la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993– y estándares y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y del Relator para la Memoria, Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición de Naciones Unidas.
Pese a nuestras constantes solicitudes de audiencia para dialogar sobre este anteproyecto, éste nunca fue analizado ni tomado en cuenta por la extinta Comisión de Justicia y Derechos Humanos que tuvo la tímida iniciativa de recibir a algunas organizaciones en febrero de 2022. Dicha comisión ha sido recientemente sustituida por la actual Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que archiva este anteproyecto sin ningún tipo de análisis, argumentando falsamente que “ha perdido vigencia”, contraviniendo con ello, el contenido de los estándares nacionales e internacionales que fueron incorporados en su texto, los cuales continúan teniendo vigencia. Para quienes integramos la MECIES y el Grupo Gestor, la justicia, la verdad, la memoria y la voz de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado nunca pierden vigencia, pero con esta acción, la Asamblea Legislativa –una vez más– desconoce los derechos de las víctimas e incumple el carácter obligatorio de una sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Es claro que desde 2016, ninguna de las tres legislaturas que se han sucedido, ha tomado en serio su responsabilidad, pese a declaraciones públicas de legisladores/as de varios/as partidos políticos que afirmaban avances, entre ellas la ex presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rebeca Santos, quien dijo: “(…) estamos trabajando de manera responsable para tener mejores resultados. Por fin, después de 30 años, existe la voluntad y se está retomando el tema con enfoque humanitario y de responsabilidad para beneficiar a las víctimas del conflicto armado”. Con la medida de archivo adoptada, sus afirmaciones se vuelven falsas, constituyen incumplimiento de una sentencia de inconstitucionalidad y son un acto de reiterada invisibilización de las víctimas. Para colmo, ni siquiera han seguido el procedimiento establecido para el archivo de los expedientes legislativos, ya que no existe el dictamen de esta comisión, ni esta medida se ha aprobado en el pleno legislativo, como lo establece el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativos en los artículos 42 numeral 5, 46 inciso 1 y 89 inciso 2.
Nos preocupa que con esta acción se cierren más las posibilidades de diálogo con el Estado que impidan la creación de un marco legal en favor de las víctimas del conflicto armado, y que esta tendencia conduzca a más impunidad y a la pérdida de la memoria histórica. Merecemos un país donde haya justicia y un gobiernan que escuche a quienes más han sufrido las consecuencias de la violencia. Por ello, ante esta decisión legislativa, las víctimas de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado y las organizaciones de derechos humanos que las representamos, EXIGIMOS a la Asamblea Legislativa:
- Que la Comisión Seguridad Nacional y Justicia continúe estudiando el anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador presentado por nuestras organizaciones en octubre de 2021, ya que es un expediente activo al no haber seguido el procedimiento correspondiente, y en caso de que posteriormente se eleve un dictamen de archivo al pleno legislativo, que sea devuelto a la misma comisión para que inicie el respectivo debate en su seno, garantizando la participación activa de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que las representan.
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Abrir un diálogo amplio con víctimas del conflicto armado, organizaciones de derechos humanos y especialistas reconocidos/as, que culmine con la aprobación de la norma ordenada por la Sala de lo Constitucional para saldar las deudas pendientes del conflicto armado, que sirva para reparar los daños causados a las víctimas y para evitar la repetición de crímenes atroces.
Descargar comunicado aquí.
