Con más de 25 millones de personas que se auto-adscriben como indígenas, México es uno de los países con la mayor población indígena en América. Los pueblos y comunidades indígenas han creado sus propios espacios políticos, normativos y sociales en la búsqueda del reconocimiento y ejercicio de su autonomía. Estas acciones y diversos instrumentos internacionales han inspirado el reconocimiento del Estado mexicano del derecho a la libre determinación como la piedra angular de los derechos colectivos de estos pueblos y comunidades. Sin embargo, el reconocimiento real y la implementación del referido derecho están lejos de alcanzarse. Existen numerosos retos para el ejercicio efectivo de dicho derecho, muchos de los cuales se vinculan a políticas económicas desarrollistas y la prevalencia de un contexto de impunidad, discriminación y racismo en perjuicio de los pueblos indígenas.

Elaborado conjuntamente por DPLF, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA); Fundar: Centro de Análisis e Investigación; y Oxfam México, este informe apunta a la necesidad de enfatizar el derecho a la libre determinación como una exigencia jurídica de los pueblos indígenas. El documento analiza diferentes expresiones de dicho derecho en México y las analiza a la luz de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del marco normativo constitucional mexicano. El informe recoge ocho experiencias concretas de ejercicio de la libre determinación, resaltando algunos retos en la harmonización entre instituciones jurídicas y políticas propias de las comunidades indígenas y el Derecho oficial. Finalmente, el informe realiza una serie de recomendaciones al Estado mexicano con el fin de modificar las normas contrarias a los estándares internacionales aplicables y superar las políticas estatales que dificultan el pleno ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.