(Spanish version only)

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) expresa su consternación ante la denuncia pública hecha por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, acerca de la existencia de ataques e intimidaciones en su contra, destinados a lograr su separación del cargo.

Según destacan los medios de comunicación, en el Congreso de la República de Guatemala se estaría tramitando una moción privilegiada de la Comisión de los Derechos Humanos, para promover su destitución en el cargo, que sería evaluada en los próximos días.  También se ha dado a conocer, que la organización Guatemala Inmortal planteó una solicitud de antejuicio en su contra.  Según dicha organización, el Procurador se habría extralimitado en sus funciones al interponer la acción de Amparo ante la Corte de Constitucionalidad, a favor del Comisionado Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mediante el cual se logró detener su expulsión del país, en agosto del 2017. Acciones que están dentro de su mandato.

Las facultades del Procurador incluyen la de investigar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, y de promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos en que sea procedente, entre otras. En julio del año pasado, por un voto de 131 de 133 diputados presentes, el Congreso eligió al abogado Jordán Rodas para servir como Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, por el periodo de 2017-2022.

Es importante resaltar, que el Procurador de los Derechos Humanos goza de la protección especial que se deriva de las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de las amenazas en su contra, hostigamiento destinado a limitar sus labores y distintos actos de intimidación que ha sufrido desde que asumió su cargo en agosto de 2017.

Se debe tomar en consideración que el Estado de Guatemala tiene el deber de proteger al Procurador de Derechos Humanos al igual que otros defensores de derechos humanos, y permitirles emprender su labor libre de amenazas y ataques. En su resolución 1/17 del 12 de septiembre de 2017 sobre Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció esta obligación en el contexto especifico de Guatemala. En este sentido, la protección de este alto funcionario es una obligación internacional del Estado de Guatemala, fundamental para preservar la independencia de la institución encargada de la defensa de los Derechos Humanos de todos los guatemaltecos.

Por lo anteriormente expuesto DPLF solicita el cese inmediato de cualquier acción intimidatoria en contra del Procurador Rodas y exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala, para que detenga inmediatamente todo esfuerzo de remover a este alto funcionario, permitiéndole continuar el importante trabajo que realiza.

Washington, D.C.

25 de enero de 2018