Washington D.C., 16 de marzo de 2015.- El próximo 19 de marzo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) participarán en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la Impunidad por graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado en El Salvador, en el marco del 154º período de sesiones de la CIDH.
En esta audiencia los participantes denunciarán la responsabilidad del sistema de justicia salvadoreño por la falta de avances en la investigación y sanción de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado que vivió ese país entre 1980 y 1992. En El Salvador, ni una sola persona ha sido imputada –y menos aún juzgada o condenada– por hechos del pasado.
Esta sistemática denegación de justicia responde, en buena medida, a la falta de voluntad de jueces y fiscales en promover investigaciones eficaces, dado que no existen impedimentos jurídicos reales para la persecución penal de dichos crímenes. La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no puede ser obstáculo para el juzgamiento de graves violaciones a derechos humanos, según lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, la propia CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La PDDH presentará información sobre el estado actual de los casos ya judicializados, entre los que se encuentran 11 masacres, y de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (casos no judicializados) sobre hechos criminales del conflicto armado, entre ellos 41 casos de desapariciones forzadas de personas adultas y niños o niñas.
El sistema interamericano de derechos humanos ha tenido un impacto significativo en la mejora de la legislación y las prácticas en los países que pusieron fin a un conflicto armado o a una dictadura, y transitaron –aun de forma parcial o incompleta- hacia la democracia. Por esta razón, los participantes en la audiencia solicitaremos un mayor acompañamiento de la CIDH en esta etapa del país, como un paso urgente y necesario para avanzar hacia la superación de la impunidad.