El 23 de marzo de 2010, DPLF y la Alianza Ciudadana Pro Justicia tuvieron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la administración de justicia en Panamá.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia y sus 20 organizaciones miembros han trabajado extensamente el tema de la reforma de la justicia a través de los años, y DPLF ha publicado estudios sobre el sistema judicial panameño en 2007 (Controles y Descontroles de la Corrupción Judicial en Centroamérica y Panamá) y 2009 (Entre la alarma y la expectativa: el reto de fortalecer la independencia judicial en Panamá), además de emprender una misión sobre la selección de magistrados de la Corte Suprema en el 2009.
Las principales preocupaciones de DPLF y la Alianza Ciudadana Pro Justicia sobre la administración de justicia de Panamá son:
- Las interferencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y en el Ministerio Público;
- La falta de proponer o implementar las reformas necesarias para garantizar una justicia expedita e imparcial:
- La postergación de la reforma hacia un sistema penal acusatorio hasta septiembre de 2011;
- La falta de adecuar la Justicia Administrativa de Policía a los estándares internacionales vigentes para el debido proceso – una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace el 1977;
- La falta de implementar la reformada Ley de Carrera Judicial – y la apertura a concurso de 43 puestos de jueces bajo el régimen antiguo y obsoleto;
- La falta de garantizar un proceso transparente y participativo en la selección de magistrados de la Corte Suprema.
Además, la actitud hostil del Poder Ejecutivo hacia las organizaciones de la sociedad civil, acompañada de ataques personales hacia ciertos dirigentes de estas organizaciones, es extremadamente preocupante.
Para leer el informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haga clic aquí.