Debido al cierre de la Oficina de Tutela Legal por el Arzobispado de San Salvador, el 30 de septiembre de 2013, DPLF y 18 organizaciones aliadas –organizaciones de derechos humanos de toda América- dirigieron esta carta a Monseñor Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador. Lea aquí la carta:
Monseñor Escobar Alas
Arzobispo de San Salvador
PRESENTE
Estimado monseñor Escobar Alas,
Los signatarios de esta carta, organizaciones de derechos humanos de toda América, nos dirigimos respetuosamente a usted, para expresar nuestra preocupación por el cierre de Tutela Legal, la organización de derechos humanos y apoyo legal de la Arquidiócesis de San Salvador.
Desde su establecimiento en el 1982, siempre hemos respetado el trabajo de Tutela Legal. Gracias al valiente apoyo de la iglesia, esta organización ha sido una–a veces la única—voz para la defensa de los derechos humanos en una época muy difícil en El Salvador. Tutela Legal recibió y documentó los testimonios de muchas víctimas de violaciones a los derechos humanos; muchas veces los más pobres y marginados. Su trabajo fue una muestra clara del compromiso de la iglesia con los derechos humanos y la dignidad humana y generó atención nacional e internacional sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador.
La organización jugó un rol fundamental en la lucha contra la impunidad en el país, una lucha que todavía no termina. Por esa razón, esperamos que el trabajo iniciado por Tutela Legal pueda continuar en el futuro.
Hemos tenido conocimiento de la decisión de crear una comisión ad hoc para hacerse cargo temporalmente de las responsabilidades de Tutela Legal y proponer un marco para una nueva organización de derechos humanos bajo el auspicio de la iglesia. Esperamos que este nuevo organismo se instale en el corto plazo y que refleje los valores y compromisos morales y éticos que tenía Tutela Legal.
De igual manera, nos permitimos expresar nuestra preocupación especial por los archivos que Tutela Legal ha generado. Los miles de testimonios de individuos, la documentación de masacres y la investigación de denuncias de violaciones a los derechos humanos constituyen un archivo invaluable –tanto para las víctimas de esos abusos, como para los investigadores y fiscales que buscan justicia para esas violaciones—. Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó en su comunicado 72/13 del 2 de octubre de 2013, es un deber del Estado salvadoreño ‘investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad y sancionar a todos los autores de las violaciones de derechos humanos’.
Por estas razones, estos archivos son sumamente importantes. Llamamos respetuosamente a la Arquidiócesis a preservar y cuidar de esta documentación y ponerla a disposición de investigadores y fiscales cuando sea pertinente, y esperamos que la comisión ad hoc cumpla con esta tarea tan importante.
Le saludan respetuosamente,
Mauro Ampié Vilchez
Director Ejecutivo
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua
Mario Ávalos Quispal
Director Ejecutivo
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Guatemala
José Ramón Ávila
Director Ejecutivo
Asociación de Organismos No-Gubernamentales (ASONOG), Honduras
Stephanie Erin Brewer
Coordinadora del Área Internacional
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., México
Marcos Carmona
Director Ejecutivo
Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nicaragua
Magaly Castillo
Directora Ejecutiva
Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá
Gastón Chillier
Director Ejecutivo
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Ana Lorena Delgadillo
Directora Ejecutiva
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, México
José Luis Gutiérrez Román
Director Ejecutivo
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C., México
Carlos Hernández
Director Ejecutivo
Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Honduras
Jorge Luis Hernández
Coordinador de Incidencia Internacional
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C, México
Helen Mack
Presidenta
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Katya Salazar Luzula
Directora Ejecutiva
Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Washington, D.C.
Bertha Oliva
Coordinadora General
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras
Ramiro Orías
Director Ejecutivo
Fundación Construir, Bolivia
Sidonie Porterie
Directora Ejecutiva
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Argentina
Geoff Thale
Director de Programas
Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Washington, D.C.
Rolando Villalaz
Presidente
Centro de Investigaciones de Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá (CIDHS)
Nathan Weller
Director de Programa y Política
Eco-Viva, California, Estados Unidos