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Los bajos estándares de fiscalización ambiental y la corrupción han favorecido el avance de dicho de la minería ilegal, sobre todo en aquellos países en donde convergen la ausencia del Estado y el control territorial por parte del crimen organizado.
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Es imprescindible generar mecanismos más eficaces de regulación, transparencia y control social sobre el comercio del mercurio, insumo esencial para la minería ilegal. Ello incluye una fiscalización más rigurosa del cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el mercurio, del cual varios países de la región son parte.
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Ante las diversas dificultades para el rastreo del oro, es necesario fortalecer los procesos de debida diligencia corporativa de las empresas que comercializan dicho mineral, así como de los insumos utilizados para su producción y los equipamientos empleados en la extracción ilegal.
Washington DC., 28 de abril de 2023.- En el conversatorio “Minería ilegal, corrupción y graves violaciones de derechos en América Latina”, especialistas y representantes de sociedad civil expusieron sobre los impactos y retos para enfrentar este flagelo y otros delitos asociados, como el trabajo infantil, la trata de personas, la servidumbre y la esclavitud, a fin de generar conciencia y estrategias articuladas para erradicar esta problemática.
En los últimos años, la minería ilegal del oro se ha expendido de forma acelerada en América Latina. Factores como los bajos estándares de fiscalización ambiental y la corrupción han favorecido el avance de dicho fenómeno, sobre todo en aquellas regiones en donde convergen la ausencia del Estado y el control territorial por parte de grupos ilegales.
A través del relato de experiencias y testimonios de las y los panelistas, se dieron a conocer los casos de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Perú. Durante las exposiciones, se señaló que la minería ilegal se ha expandido de forma vertiginosa en regiones fronterizas con poca presencia estatal y en donde el crimen organizado ejerce un control territorial más pronunciado. Sumado a ello, en las zonas con mayores niveles de pobreza, las ganancias de inmediato plazo generada por la extracción ilegal del oro dificultan los programas de regularización de la minería artesanal y la sustitución de la minería ilegal por alternativas social y ambientalmente sostenibles.
La omisión frente al ecocidio y la criminalización de personas defensoras ambientales, indígenas y campesinas son el trasfondo de la minería ilegal en Nicaragua y Venezuela, la cual se ha convertido en uno de los principales medios para patrocinar a estructuras paramilitares empeñadas en reprimir a voces opositoras. Invariablemente, la minería ilegal es fuente de graves violaciones de derechos humanos, destrucción ambiental y de desestabilización democrática. En Brasil y Perú, por ejemplo, se han documentado la cooptación de autoridades de todas las esferas de gobierno en el ámbito local y nacional por parte de estructuras criminales con inversiones en la minería ilegal.
A diferencia de otros minerales, el oro posee valor monetario y una liquidez que es fácilmente convertido en activo financiero. Por tales características, el oro ilegal se ha vuelto una de las principales alternativas para el blanqueo de recursos provenientes de actividades ilícitas, como la tala ilegal y el narcotráfico.
Ante las diversas dificultades para el rastreo del oro, las y los expertos coincidieron en que es necesario fortalecer los procesos de debida diligencia corporativa de las empresas que comercializan dicho mineral, así como de los equipamientos utilizados para su producción y extracción. Asimismo, resulta imprescindible generar mecanismos más eficaces de regulación, transparencia y control social sobre el comercio del mercurio, insumo esencial para la minería ilegal. Ello incluye una fiscalización más rigurosa del cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el mercurio, del cual diversos países de la región son parte.
Según un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), todo el oro extraído de Venezuela posee una huella de alto riesgo social y ambiental. Cabe señalar que, tal como lo ha denunciado organizaciones venezolanas, es el propio Estado quien promueve directamente esta actividad, en concierto con grupos armados al margen de la ley y mafias locales.
En el caso de Bolivia, la diferencia entre la minería artesanal e ilegal es bastante tenue, siendo necesario una mejor regulación y prevención del impacto socioambiental. Este país se ha convertido en el mayor importador de mercurio del mundo y se estima que la mayor parte es contrabandeada para otros países de Sudamérica en donde se ha expandido la minería ilegal.
Por otro lado, el 23% del territorio nicaragüense ha sido concesionado a la minería, del cual se han otorgado 141 concesiones en territorios indígenas y afrodescendientes. Se estima que la minería ilegal emplea 36 toneladas de mercurio por año en 38 municipios de este país. En 2021, las exportaciones de oro desde Nicaragua representaron $989 millones de dólares y; el 90,8% de esta se dirigió a Estados Unidos.
En el conversatorio también se discutió el impacto de la minería ilegal en los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, quienes están particularmente expuestos a constantes ataques y criminalización. En la última década, líderes y lideresas de dichos pueblos que resisten a la destrucción de sus territorios y recursos naturales han sido víctimas de persecución y asesinatos. Las y los panelistas coincidieron que para frenar este flagelo es urgente la debida demarcación y titulación de los territorios indígenas y el apoyo estatal a la vigilancia ambiental autónoma de sus bosques y entorno natural.
El encuentro fue organizado por la Fundación para el Debido Proceso; Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB); Centro Humboldt y Fundación del Río, de Nicaragua; SOS Orinoco, de Venezuela; Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Eca-Amarakaer, de Perú.
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