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El día de ayer, 23 de junio de 2022, se realizó la audiencia temática “Situación de Derechos Humanos y Estado de Derecho en El Salvador”, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta audiencia, convocada por 13 organizaciones nacionales e internacionales, presentamos información sobre:
- El origen de la aprobación de un estado de excepción, que se generó tras la ruptura de supuestas negociaciones secretas del gobierno con la pandilla Mara Salvatrucha (MS o MS-13).
- La prórroga del estado de excepción que, además, incumple requisitos jurídicos nacionales e internacionales;
- Las reformas penales y sus implicaciones en términos del precedente jurídico, pero sobre todo en el marco de la protección de los derechos de las personas que se encuentran procesadas;
- Las características de las personas afectadas, incluyendo la fuerte estigmatización y criminalización de la pobreza, los patrones arbitrarios de detención de la policía y la Fuerza Armada, así como las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad.
- La obligación del Estado salvadoreño de responder ante la muerte de al menos 52 personas bajo su custodia, las miles de denuncias de detención arbitraria y los distintos casos de malos tratos y tortura que hemos venido documentando.
- La desprotección de la población ante el poder del Estado, no pudiendo recurrir a ninguna institución estatal para la defensa de sus derechos, al estar estas cooptadas o neutralizadas por el Ejecutivo.
El Estado salvadoreño decidió ausentarse de la audiencia y no dar explicación sobre estas denuncias, ni al organismo interamericano, ni a la sociedad y mucho menos a las víctimas. Esta ausencia representa su desinterés por rendir cuentas, por asumir su responsabilidad ante el escrutinio internacional y le acerca, cada día más, a las prácticas que ejercen otros gobiernos autoritarios en la región latinoamericana.
Representantes de la CIDH expresaron su preocupación ante esta ausencia. Por su parte, el comisionado Joel Hernández señaló que es “extremadamente preocupante la ausencia del Estado en esta audiencia, pero también la veo como muy indicativa de un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional (...) la Comisión no es la única que ha venido destacando su preocupación alrededor del deterioro de la institucionalidad democrática en El Salvador”.
Las organizaciones de derechos humanos seguiremos del lado de las víctimas de la violencia social y del Estado, con solidaridad y respeto a su dolor y con la intención permanente de acompañar su lucha por la justicia. Seguiremos exigiendo la respuesta del Estado ante sus obligaciones en materia de derechos humanos, a pesar de las campañas de estigmatización hacia las organizaciones y hacia las víctimas.
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