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En anticipación a las protestas convocadas en Lima a partir del 19 de julio, las organizaciones internacionales de derechos humanos firmantes exhortamos al Estado peruano a cumplir con sus obligaciones de respetar, facilitar y proteger el ejercicio pacífico del derecho a la protesta de las y los peruanos.
En medio de la crisis institucional y de derechos humanos que vive el Perú desde diciembre de 2022, durante esta semana se esperan nuevas movilizaciones en la ciudad de Lima, principalmente, así como en otras regiones del país para protestar contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el Congreso de la República y, a un nivel más general, contra la falta de una salida adecuada a la grave crisis que enfrenta el país.
Notamos con preocupación que la primera reacción de algunas autoridades tras la convocatoria de nuevas manifestaciones haya sido intentar limitar el ejercicio del derecho a la protesta, entre otras cosas, exigiendo permisos o registrando a las personas que ingresan a Lima, amenazando con el uso de la fuerza contra las personas manifestantes y con criminalizar a quienes deseen ejercer este derecho. En este contexto, resulta especialmente preocupante la ampliación del estado de emergencia y la consiguiente restricción de derechos,el gran despliegue ostensivo de fuerzas de seguridad en las calles de Lima el pasado día 15 de julio, así como elestablecimiento de puestos por parte de la policía para controlar la entrada de personas de las provincias hacia Lima. El discurso oficial así como estas medidas parecen buscar un efecto disuasivo e incluso intimidatorio en quienes pensaban participar en las protestas.
Como organizaciones de derechos humanos que damos seguimiento a la situación en el Perú, exhortamos a las autoridades a tomar medidas antes, durante y tras las manifestaciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, y a no utilizar la fuerza de manera desproporcionada, indiscriminada e ilegal contra civiles. Como han acreditado varias organizaciones internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas, ambos luego de visitar el país, las fuerzas de seguridad del Estado cometieron graves violaciones de los derechos humanos de las y los peruanos que salieron a protestar ante el repunte de la crisis política en diciembre de 2022 y en los primeros meses de 2023. La Defensoría del Pueblo constató la muerte de 49 manifestantes y transeúntes, la gran mayoría de ellos por impacto de proyectiles de armas de fuego que la evidencia indica que fueron disparados por fuerzas policiales o militares. Para la CIDH, estas muertes constituyen graves violaciones a los derechos humanos, y en algunos casos, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y calificarse como masacres, y como tal violaciones graves de las obligaciones internacionales del Estado peruano.
Por lo tanto, es de imperiosa necesidad que el Estado peruano respete, proteja, facilite y garantice el derechoa la protesta pacífica y los derechos vinculados a ella, como los derechos a la libre expresión y asociación, y se abstenga de impedir que ciudadanos se trasladen para participar en las protestas previstas entre el 19 y el 28de julio. Instamos al Estado peruano a cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad que establece el derecho internacional en relación con el uso de la fuerza y los estados de excepción para evitar que estas medidas sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y/o desproporcionada.
Las instituciones del Estado peruano deben asegurar el pleno y libre ejercicio del derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial para la democracia y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. Asimismo, ésta es una forma en la que la ciudadanía participa en los asuntos de interés público. Finalmente, convocamos a la comunidad internacional a monitorear de cerca el desarrollo de las protestas en el Perú.
Firmantes:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Human Rights Watch
Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
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