El Salvador, ha sido un país clave en el trabajo de DPLF desde sus inicios. Esta organización fue fundada, en 1997, por el profesor Thomas Buergenthal y sus colegas de la Comisión de la Verdad para El Salvador -promovida por Naciones Unidas-, quienes tenían la convicción que los derechos humanos sólo podían ser garantizados por judicaturas nacionales fuertes e independientes. Desde entonces, nuestra labor en ese país ha tenido como eje el reconocimiento de que la impunidad por crímenes del pasado impacta significativamente cualquier aspiración por dignificar a las víctimas, consolidar la democracia y recuperar la seguridad.
Con esa convicción en mente, este micrositio fue creado para dar seguimiento al momento histórico que vive la sociedad salvadoreña, desde dos planos: por un lado, la agenda postconflicto y, por el otro, los obstáculos que actualmente enfrenta el país en términos de seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos e independencia de sus instituciones judiciales y de procuración de justicia.
Observamos con optimismo que, después de décadas de ausencia de voluntad política para reconocer los crímenes que sucedieron durante el conflicto armado (1980-1992), en 2016, finalmente se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía que impedía a las víctimas acudir a los tribunales a exigir justicia. Tras la sentencia, algunos de esos juicios se han reanudado y la sociedad salvadoreña está pendiente del trámite que se dé a cada uno de ellos. Aunado a ello, el 21 de agosto de 2017, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABUSQUEDA). Creemos que el seguimiento, nacional e internacional, a estos esfuerzos institucionales será crucial para garantizar su éxito.
Asimismo, no hemos perdido de vista la forma en la que los índices de criminalidad y denuncias por violaciones a derechos humanos han escalado, mano a mano, en El Salvador. Con más de 6,600 homicidios registrados, El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo en 2015. Esta violencia se ha enfrentado con diversas medidas de “mano dura” y militarización, que están relacionadas con denuncias sobre abusos de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía.
No cabe duda de que El Salvador está experimentado una grave crisis de seguridad, pero a lo largo del hemisferio, desde Brasil a los Estados Unidos y a El Salvador, la experiencia ha demostrado las serias consecuencias de promover o al menos tolerar situaciones generalizadas de abuso y mala conducta policial.
Es imperativo que las organizaciones sociales y las instituciones gubernamentales se fortalezcan para sortear estos retos. Por ello, DPLF continuará ofreciendo asistencia técnica, tanto a la sociedad civil como a los organismos gubernamentales, para promover los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos en El Salvador. En este espacio, podrán seguir los avances en esta labor.
Información relevante
Foro "Desaparición forzada en conflictos armados: Modelos de búsqueda en El Salvador y América Latina"
