Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada en los méritos

09 de abril 2014

El buen funcionamiento del sistema de justicia es un elemento esencial para la existencia de una democracia efectiva en la que existe una relación de pesos y contrapesos entre poderes y se respeta el Estado de derecho. La corte suprema de justicia es una entidad fundamental para el sistema de justicia: no sólo es el órgano que tiene la última palabra sobre la interpretación de la ley, sino que también —en varios países de la región— está encargada de la administración interna del sistema de justicia, lo que muchas veces incluye el manejo del régimen disciplinario que rige a los demás jueces. Por ende, resulta imprescindible que las altas cortes estén integradas por los profesionales más capaces e idóneos. La vía para garantizarlo es un proceso de selección transparente, y basado en los méritos de quienes postulan. Esto es, no en sus vínculos con el gobierno u otros sectores de poder.

El presente documento contiene recomendaciones sobre los elementos que deberían caracterizar un proceso de selección de integrantes de cortes supremas y los elementos que debería contener el perfil del candidato, a fin de garantizar la designación de los profesionales más idóneos para ocupar tan importantes cargos. En lo pertinente a los integrantes de las cortes y tribunales constitucionales, DPLF considera que las cualidades personales evaluadas en el perfil tienen que ser las mismas que para los jueces supremos.

Estas recomendaciones se basan en la experiencia comparada en la selección de magistrados y recogen reglas y estándares desarrollados durante los últimos años por Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En algunos casos, estos criterios difieren de las prácticas actuales empleadas en los procesos de selección en América. Sin embargo, DPLF considera que los siguientes principios deberían orientar los procesos de selección en la región. Es importante enfatizar que estas recomendaciones constituyen principios guías, que cada país puede incorporar dentro de (y respetando) su propio contexto y ordenamiento nacionales.

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