Amicus Curiae

Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la industria del armamento y las obligaciones en derechos humanos

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) han presentado observaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en respuesta a la solicitud de Opinión Consultiva formulada por México, sobre el papel de las empresas de armas de fuego privadas y su impacto en los derechos humanos.

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Amicus curiae: Violaciones del derecho a la protección judicial y al debido proceso en el contexto del megaproyecto “Tren Maya”

El “Tren Maya” es un megaproyecto federal en México que consiste en la construcción de 1,525 kilómetros de vía férrea, 15 estaciones y otros elementos asociados a su funcionamiento. Este conectaría los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo en un solo sistema de transporte ferroviario. 

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Amicus curiae sobre estándares internacionales de prevención y remediación de daños ambientales en el Caso Comunidad de La Oroya vs. Perú

Un colectivo de miembros de la Red-DESC, de la cual DPLF forma parte, y organizaciones aliadas presentaron un escrito de amicus curiae sobre estándares internacionales de derechos humanos, ambientales y del derecho comparado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Comunidad de La Oroya vs. Perú.

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Amicus Curiae en la causa penal por la masacre de El Calabozo ante tribunal penal en El Salvador

El 3 de octubre de 2022, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un escrito de amicus curiae ante el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente, El Salvador, en el proceso penal 69/1992 —conocido como “Masacre de El Calabozo”— con el objetivo de proporcionar argumentos jurídicos sobre por qué los hechos ocurridos en esta comunidad configuran graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales (crímenes de lesa humanidad y de guerra), y la necesidad de tomar en cuenta estas categorías de derecho internacional en el ámbito interno.

Este escrito presenta algunas consideraciones sobre el principio de legalidad en el ámbito penal y el derecho internacional como ley previa para crímenes internacionales, así como las teorías de intervención criminal punible por medio de los cuales responsabilizar a los intervinientes en la comisión de crímenes de esta clase, entre las que se destaca la responsabilidad superior y el dominio de la voluntad en los aparatos de poder organizado.

La masacre de El Calabozo se refiere a una serie de matanzas contra pobladores rurales, cometidas por los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl, Ramón Belloso, Atonal y los Batallones Lempa y Jerez en conjunto con el Destacamento Militar de Infantería No. 2 y la Quinta Brigada de Infantería con sede en San Vicente durante el operativo militar denominado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, realizado desde el 17 de agosto de 1982 en los cantones de San Jacinto La Burrera, Cedros de San Pedro, El Carao, El Chilillo, Ayalitas, La Angostura, San José y otros cantones de la jurisdicción de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente.

Finalmente, el 22 de agosto, un grupo de al menos 200 personas sobrevivientes que se refugiaron en el lugar conocido como El Calabozo, cerca de las riberas del río Amatitán, fueron sorprendidos y ametrallados por varias fuerzas militares. Los cuerpos de las personas asesinadas fueron amontonados y quemados, otros fueron arrastrados por la corriente del río.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, la masacre de El Calabozo fue una seria violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

 

Lee el amicus curiae aquí.

 

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Amicus Curiae: Proceso de amparo en defensa de la independencia judicial del juez Miguel Ángel Gálvez

Con fecha del 6 de septiembre de 2022, DPLF sometió un memorial de amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en el proceso de amparo iniciado por el juez Miguel Ángel Gálvez contra la decidió de la Corte Suprema de Justicia que resolvió darle tramite a una solicitud de antejuicio en su contra –promovida por la Fundación contra el Terrorismo–. En esta, al juez Gálvez se le imputa haber utilizado la figura de la “prisión provisional” para mante

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