Este número de AportesDPLF incluye varios artículos que desde distintas miradas explican los principales cambios al sistema de justicia incorporados en la nueva Constitución Política de Bolivia, promulgada en febrero del presente año. De esta manera, continuamos abordando las principales reformas constitucionales que han tenido lugar recientemente en algunos países de América Latina.
Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de la Corte Suprema de Bolivia y presidente de la República, nos explica de manera muy clara como está diseñado el sistema judicial en el nuevo orden constitucional boliviano. El magistrado Eddy Fernandez, quien se desempeñaba como Presidente de la Corte Suprema de Bolivia al momento de escribir el artículo, hace un ejercicio similar donde además resalta las principales diferencias con el sistema anterior a la Constitución. Por otro lado, Idón Chivi, en representación del Vice Ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, nos explica los alcances de la jurisdicción indígena originario campesina. Finalmente, Julieta Montaño, Directora de la Oficina Jurídica para la Mujer (Cochabamba) sintetiza en su artículo los principales puntos que se abordaron durante una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Bolivia, realizada en marzo del presente año.
Con la finalidad de dar un aporte a la discusión sobre la elección de jueces por voto popular, mecanismo novedoso y polémico incorporado en la nueva Constitución boliviana, invitamos a Anthony Champagne, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas y Robert H. Alsdorf, ex Juez y Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle, a compartir con nuestros lectores sus puntos de vista —y en el caso de Alsdorf también su experiencia personal— sobre el proceso de elección de jueces por voto popular. Linn Hammergren, ex funcionaria del Banco Mundial y experta en temas de reforma judicial, comenta estos dos últimos artículos y reflexiona sobre el impacto que este nuevo sistema podría tener en América Latina.
Continuando con la discusión sobre transparencia judicial que DPLF ha venido promoviendo durante los últimos años, Molly Moore, abogada de la firma de abogados Ropes & Gray de Washington D.C., resume un informe elaborado por su firma donde se analizan las leyes y prácticas de 15 países del mundo y de la Unión Europea en materia de transparencia y acceso a la información judicial. Finalmente María Clara Galvis, experta en derecho interamericano y consultora de DPLF, reflexiona sobre la elección de los nuevos miembros de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la reciente Asamblea General de la OEA llevada a cabo en San Pedro Sula, en junio de este año.
Esperamos que este número de la revista aporte a una mejor comprensión de los cambios que la nueva Constitución boliviana incorpora en materia de justicia y que promueva una discusión informada. Como siempre, esperamos sus comentarios.
