Con este número, AportesDPLF finaliza la serie iniciada a inicios de 2009, dedicada a los países de la región cuyas constituciones fueron reformadas o reemplazadas íntegramente por una nueva Constitución que incorporaba cambios importantes en materia de justicia. El numero 9 de AportesDPLF incluyó varios artículos sobre la situación de la justicia en la República Bolivariana de Venezuela; el numero 10 se enfocó en la nueva Constitución de Bolivia y el presente número está dedicado a analizar los principales cambios que la nueva Constitución de Ecuador —vigente desde el 20 de octubre del 2008— incorpora en materia de justicia.
Para ello contamos con la colaboración de los propios protagonistas de dichos cambios: Néstor Arbito, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, señala en su artículo cuáles son aquellas reformas incorporadas en la nueva Constitución que vienen guiando la transformación de la justicia en su país. En esa misma línea, Maria Paula Romo, diputada y presidenta de la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado del Congreso de Ecuador, analiza estos cambios después de resaltar que de acuerdo a la nueva Constitución, Ecuador es ahora un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que implica un cambio fundamental en la concepción del papel del Estado. Complementando los dos artículos anteriores, Jaime Vintimilla, director de CIDES (Centro sobre Derecho y Sociedad), nos recuerda que la coexistencia de los sistemas de justicia oficial e indígena está reconocida en el Ecuador desde hace varios años y analiza algunas de las reformas que sobre este punto recoge tanto la nueva Constitución como el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial. Diego Zalamea, especialista en sistemas judiciales, aborda un tema esencial que refleja el estado de la justicia en un país: la prisión preventiva. Zalamea resume una experiencia muy interesante y además exitosa llevada a cabo en la ciudad de Cuenca, para reducir la prisión preventiva en esa ciudad.
Pasando a temas regionales, Denise Tomasini-Joshi de la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta (Nueva York), comparte con los lectores los resultados de un estudio realizado por su institución en Argentina, Chile y México para calcular los verdaderos costos económicos y las consecuencias de la prisión preventiva en esos países. Los resultados son alarmantes. Finalmente, y como un nuevo aporte de DPLF a la promoción del acceso a la información judicial en la región, incluimos en este número un artículo escrito por David Schulz, profesor de derecho de la Universidad de Columbia y abogado especializado en litigio relacionado con medios de comunicación, sobre el acceso público a la información judicial en los Estados Unidos. El artículo, que parte del principio firmemente afianzado en los Estados Unidos según el cual “lo que se ventila ante el tribunal es propiedad pública”, desarrolla con detalle cómo se manifiesta en la práctica este principio.
Esperamos que este número de la revista sea de su interés y como siempre, esperamos sus comentarios en dplf@dplf.org.
