El 2012 fue un año difícil para la independencia judicial en América Latina. Diversos acontecimientos evidenciaron la injerencia indebida de los poderes ejecutivo y legislativo en la labor de los jueces y los tribunales de la región. Por el creciente rol que viene desempeñando la justicia constitucional, los ataques a las salas o cortes constitucionales, especialmente en Centroamérica, fueron los más evidentes.
En este escenario, la influencia indebida de los poderes ejecutivo y legislativo en la elección, reelección o destitución de jueces, juezas, magistrados y magistradas de altas cortes (cortes supremas y cortes constitucionales) ha sido un patrón común en la región. ¿Por qué este interés en interferir en la elección de miembros de estas cortes? Por los amplios poderes que estas tienen, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo: no solo son la última instancia en las controversias judiciales sino que pueden –como en el caso de las salas y cortes constitucionales– declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Por otro lado, al ser la cúpula de la estructura judicial –como es el caso de las cortes supremas–, tienen amplias facultades administrativas y de gobierno, las que en algunos casos incluyen la designación y destitución de jueces y juezas inferiores así como la última palabra en los procesos disciplinarios.
Ha llegado el momento de dejar de lado procesos opacos y cerrados al escrutinio público, que solo permiten designaciones improvisadas y basadas en la mayor o menor cercanía del candidato o candidata al poder de turno. Desde la sociedad civil, debemos promover la implementación de procesos de selección transparentes, participativos y basados en los méritos de los candidatos y candidatas. Como ya se ha visto en experiencias comparadas, la transparencia de estos procesos permite reducir la posibilidad de injerencias indebidas.
Este número de la revista AportesDPLF está dedicado principalmente a este tema, con artículos que presentan el estado de la cuestión en Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala así como un artículo que aborda los principales problemas de los procesos de selección de jueces de las cortes supremas, y otro sobre la importancia de la independencia judicial para la consolidación del Estado de Derecho.
Teniendo en cuenta su trascendencia, decidimos incluir en este número artículos sobre el proceso de selección de los miembros de la Corte Penal Internacional y sobre el mismo proceso pero en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que la experiencia adquirida por DPLF en el seguimiento de los procesos de selección de jueces nacionales, aporta herramientas interesantes que se podrían utilizar en los procesos de selección de estos funcionarios internacionales, y de ahí la decisión de añadir este tema en este número de la revista.
Incluimos en esta edición el problema de los ataques a la independencia de los jueces y su impacto en la prisión preventiva, tema que DPLF ha empezado a trabajar durante el año que pasó. Finalmente, y en el marco de nuestro trabajo sobre industrias extractivas y derechos humanos, incluimos un artículo sobre el estado de la cuestión en América Latina y otro sobre la reciente sentencia de la Corte Interamericana en el caso Sarayaku. Cerramos la revista con una entrevista al nuevo Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza.
Confiamos en que este número sea de su interés y, como siempre, esperamos sus comentarios.
