La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) ha presentado un amicus curiae ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, en el marco de una acción de amparo contra un “Convenio de Coordinación” firmado por diversas autoridades federales y estatales de México.
El amparo, promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sostiene que dicho convenio ha vulnerado los derechos de acceso a la información, participación pública, al medio ambiente de comunidades locales, así como a la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas.
El amicus curiae sistematiza los estándares internacionales que protegen estos derechos, y subraya las obligaciones internacionales del Estado mexicano ha asumido en la materia.
