El día de hoy se celebra una fecha histórica para el pueblo salvadoreño: 25 años de los Acuerdos de Paz. Este pacto suponía un compromiso hacia la construcción de una nación más justa y cohesionada, bajo las premisas de mantener la paz, fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos.
El 16 de enero de 1992 se instituyó, al menos parcialmente, una ruptura con el pasado autoritario y represivo que caracterizó a El Salvador durante décadas. A pesar de los enormes desafíos que el país enfrenta en la actualidad, es justo reconocer que El Salvador dejó atrás el terrorismo de Estado, los procesos electorales fraudulentos y golpes de Estado, que llevaron al conflicto armado que se extendió por 12 años y que cobró la vida de miles de salvadoreños y salvadoreñas.
Una de las acciones esenciales derivadas de los Acuerdos de Paz fue la reforma policial. Los anteriores cuerpos de policía -también vinculados a graves violaciones a los derechos humanos- fueron disueltos, y se creó una nueva institución policial, dependiente de civiles, cuyo jefe máximo es el Presidente Constitucional de la República. A la vez, se estableció la Comisión de la Verdad, con el fin de investigar las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y promover medidas de reparación a favor de las víctimas. Sumado a esto, las reformas a la Constitución, al sistema electoral y al sistema jurídico efectuadas en este contexto, fueron de suma importancia para el fortalecimiento del equilibrio entre los distintos poderes públicos.
Los avances obtenidos no impiden reconocer las enormes deudas y omisiones del Estado salvadoreño relacionadas al cumplimiento íntegro de los Acuerdos de Paz. Muchos de los propósitos establecidos en la agenda de democratización fueron cumplidos superficialmente, abandonados de forma prematura o completamente ignorados. Asimismo, la desatención a las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad anuló la puesta en marcha de procesos de reparación y justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Por todo ello, en el marco de este 25° Aniversario de los Acuerdos, es necesario celebrar los avances logrados, pero a la vez impulsar el cumplimiento de los compromisos que no fueron atendidos. En este sentido, ha sido positivo observar que en los últimos años, el Estado salvadoreño ha realizado esfuerzos que abonan a saldar la deuda que aún se tiene con los Acuerdos de Paz. Por ejemplo, ha sido esperanzador observar el giro del Estado al reconocer la responsabilidad ante casos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. Se pueden destacar acciones muy positivas como la creación de la “Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno”, la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y la reapertura de la investigación penal del caso de la Masacre de El Mozote. Igualmente, es positiva la implementación del decreto presidencial relativo al “Programa de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno”. No obstante, aún la deuda del sistema de justicia para superar la impunidad de los graves crímenes perpetrados en aquel período, es una necesidad vigente que sigue agraviando a miles de familiares sobrevivientes de la tragedia y a la sociedad en general.
Desde DPLF confiamos en que el espíritu de la paz y los cambios democráticos continúen siendo fuente de inspiración para superar las crisis y problemas del presente.