En los últimos años, en América Latina se han emprendido acciones para promover y fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública. Se pueden mencionar distintos factores que han hecho de este derecho un elemento fundamental de las sociedades democráticas del siglo XXI.
Diversas resoluciones de la Asamblea General de la OEA, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, y la aprobación de leyes de acceso a la información en distintos países de la región, son muestras claras de la importancia que el derecho a la información ha adquirido. Estamos convencidos que el acceso a la información pública se ha convertido ya en una herramienta clave, aunque no la única, para combatir la corrupción, impulsar la rendición de cuentas e incentivar la transparencia en la actividad del Estado.
En DPLF hemos enfocado nuestros esfuerzos en promover la transparencia y el acceso a la información en los sistemas de justicia de América Latina y en ese marco, hemos publicado diversos estudios al respecto (en particular “Iniciativas de la Sociedad Civil para la Transparencia en el Sector Judicial” 2002, “El acceso a la información judicial en México” 2005, “Comparando Transparencia” 2007 y “Disclosing Justice” 2007, todos disponibles en nuestro sitio Web). Por esta razón, en esta edición de AportesDPLF hemos querido hacer algo distinto y presentar los resultados de un ejercicio práctico que evaluó, en primer lugar, la existencia de determinada información en los sitios Web de algunos poderes judiciales y ejecutivos de la región, y en segundo lugar, el nivel de dificultad que existía para acceder a ella, dos cosas que en la práctica pueden ser muy distintas.
Asimismo, se contrastó la información obtenida en los sitios Web con las respuestas (cuando existieron) a las solicitudes de información enviadas a los órganos competentes sobre el mismo tema. Los resultados del ejercicio son reveladores y lo que pretenden es motivar a las autoridades responsables de estos temas a que continúen mejorando sus mecanismos y sistemas de información, haciéndolos cada vez más accesibles y amigables para los usuarios.
Queremos agradecer de manera especial a Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de la Fundación PRO ACCESO –Chile–, Jorge Romero, Director Ejecutivo del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR –México- y Rodrigo Uprimny, Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DeJusticia –Colombia– quienes aceptaron compartir con nuestros lectores sus impresiones sobre los resultados obtenidos en esta investigación. — Eduardo Betoni, Director Ejecutivo, DPLF
