Washington, D.C. y San José, Costa Rica, 10 de marzo de 2023. Las organizaciones internacionales firmantes que acompañamos la situación de derechos humanos en Guatemala, alertamos sobre un nuevo intento por dejar en la impunidad los delitos cometidos en el Caso Molina Theissen.

El 6 de marzo, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones que, en el plazo de 5 días, dicte una resolución que considere medidas sustitutivas a la privación de libertad en favor de tres exfuncionarios militares de alto rango Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, condenados por delitos de desaparición forzada, violación sexual con agravación de la pena y delitos contra los deberes de humanidad en la sentencia del Caso Molina Theissen.

 La CC ha exigido a la Sala Primera apegarse a consideraciones de supuesta vulnerabilidad de los condenados, bajo pena de incurrir en multa, sin perjuicio de otras responsabilidades penales y civiles. En consecuencia, es inminente que en los próximos días la Sala de Apelaciones pueda otorgar una medida distinta a la privación de libertad.

Recordamos que, en mayo de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, declarando al Estado de Guatemala responsable por la violación de múltiples derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Marco Antonio y su familia. En ese marco se ordenaron reparaciones que incluyen la obligación del Estado de Guatemala de investigar todos los hechos, identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales.

Las primeras detenciones en el caso se realizaron recién en 2016. El 23 de mayo de 2018, los tres oficiales que hoy pretenden ser liberados, así como otro exfuncionario militar, fueron encontrados culpables y sentenciados a entre 33 a 58 años de prisión.

Alertamos que el fallo de la CC podría conllevar la liberación inmediata de estas personas, lo que constituiría un grave retroceso al cumplimiento de lo ordenado por la CorteIDH, causando un grave daño en el acceso a la justicia, sobre todo considerando que la sentencia nacional no se encuentra aún en firme.

Los exgenerales Lucas García y Callejas y Callejas, enfrentan además juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil. El inicio del juicio oral y público estaba programado para el 9 de enero de este año, pero fue suspendido.

Todo eso ocurre en un contexto de cooptación del sistema de justicia en Guatemala.

Recordamos al Estado de Guatemala su obligación de cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Molina Theissen en relación a la investigación y sanción efectiva de los responsables por las graves violaciones a los derechos humanos.

Instamos a la comunidad internacional a seguir de cerca y pronunciarse ante la inminente violación a los derechos de la familia Molina Theissen, a la cual expresamos nuestra solidaridad ante este nuevo intento por restringir su acceso a la justicia.