Hace poco más de 40 años el caserío de El Mozote y sus alrededores fue escenario de una masacre sin precedentes. Era diciembre de 1981 cuando, en esa comunidad al nororiente de El Salvador, casi 1000 personas fueron ejecutadas por militares en la peor matanza de civiles que vivió ese país durante el conflicto armado (1980-1992). Más de la mitad eran niñas y niños. Las y los sobrevivientes y testigos fueron silenciados por sucesivos gobiernos, mientras que los militares involucrados, tanto material como intelectualmente, han permanecido libres por décadas.
En 1990, las víctimas junto con organizaciones de sociedad civil presentaron una denuncia ante el tribunal de la zona; pero poco después el proceso se cerró ilegalmente cuando entró en vigor una Ley de Amnistía. Fue hasta octubre de 2016, luego de la sentencia de inconstitucionalidad de esa ley, cuando el entonces juez del Juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, se tomó en serio la tarea de la justicia y admitió una petición de las víctimas, y de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” (antes OTLA) y Cristosal, para reabrir el caso: 16 altos jefes militares fueron acusados en este juicio inédito en El Salvador.
En América Latina se han juzgado crímenes de lesa humanidad y de guerra, como los de El Mozote, a través de fiscalías y tribunales especializados de justicia; sin embargo, El Salvador carece de esta jurisdicción. El juez Guzmán, sin mayores herramientas, logró significativos avances en el que es hoy por hoy uno de los casos de la guerra salvadoreña más significativos siendo juzgado. Este es el relato de las dificultades que enfrentó y los desafíos en la tramitación de la causa penal.
