El pasado fin de semana fue uno de los más violentos en El Salvador. Al menos 80 personas fueron asesinadas en distintas partes del país, presuntamente por miembros de pandillas. Manifestamos nuestro rechazo a esta situación y nos solidarizamos con las familias víctimas y comunidades y con toda la población que sufre esta criminalidad. Reafirmamos su derecho a vivir en paz y libres de violencia.

Como respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó, a petición del Presidente Nayib Bukele, un amplio régimen de excepción por treinta días a través del decreto No. 333 que autoriza la suspensión de garantías constitucionales tales como, el derecho de asociación y reunión, la intervención de comunicaciones privadas sin orden judicial, y más preocupante aun, derechos procesales básicos como a ser informado de las causas de la detención, a no ser obligado a declarar contra sí mismo, y a contar con la defensa técnica de un abogado/a.

En el contexto actual que se vive en el país, caracterizado por el abuso de poder, uso excesivo de la fuerza por agentes policiales, acoso y vigilancia digital a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, esta medida supone una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales.

Mientras que la Constitución de El Salvador permite los estados de excepción en caso de guerra, catástrofe o graves perturbaciones del orden público, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado que un alza en la criminalidad, aunque pueda ser una emergencia, no encaja en esos supuestos. En estos casos, el deber del Estado es hacer un uso eficiente de las leyes existentes y las instituciones establecidas para contener el aumento de homicidios y crear políticas públicas integrales de prevención de la violencia.  El gobierno no ha cumplido con su deber de proteger la vida y la integridad física de las personas, pese al sostenido incremento del presupuesto invertido en seguridad pública.

A pesar de la necesidad de generar un debate público sobre la actual situación de seguridad ciudadana, el gobierno de El Salvador ha emprendido una campaña mediática en contra de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el hostigamiento directo desde las redes del propio presidente Nayib Bukele. Este tipo de acciones reducen los espacios de diálogo y obstaculizan el trabajo de las personas defensoras por el desarrollo y bienestar de la sociedad. Históricamente, las organizaciones internacionales que han trabajado sobre El Salvador han acompañado a víctimas de violaciones de derechos humanos y han colaborado de manera constante con propuestas para mejorar políticas públicas en favor de las y los salvadoreños.

Instamos a la comunidad internacional a continuar alertas y vigilantes ante la situación que se vive en El Salvador, especialmente frente a las medidas que se han tomado al amparo de esta declaración de excepción y que confirman los peligros que hemos denunciado en diversas oportunidades: detenciones masivas a jóvenes en situación de vulnerabilidad que no están sujetas a control judicial, registros indiscriminados a población en situación de pobreza y aislamiento e incomunicación indefinida de personas privadas de libertad, así como restricciones indebidas a sus derechos a la alimentación y salud.

Por último, hacemos un llamado al gobierno de El Salvador para que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y cese los ataques contra la sociedad civil nacional e internacional que trabaja a favor de la protección de derechos fundamentales.

Organizaciones firmantes: