Washington, DC y San José, Costa Rica— Hoy la Sala Primera de Apelación de Mayor Riesgo en Guatemala considerará una solicitud de recusación contra el juez que preside el caso Molina Theissen, Pablo Xitumul. Si el tribunal aprobara esta moción, podría resultar en un nuevo juicio y más demoras para una familia que ha buscado justicia durante casi 37 años.
La recusación fue presentada por la defensa de cinco exmilitares guatemaltecos, acusados de crímenes contra los deberes de la humanidad por la detención ilegal, tortura y violación sexual de Emma Guadalupe Molina Theissen, y la desaparición forzada de su hermano de 14 años, Marco Antonio Molina Theissen, en 1981.
Ante la falta de respuesta de Guatemala, la familia Molina Theissen recurrió al Sistema Interamericano y en 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado guatemalteco y le ordenó investigar, procesar, y castigar a los responsables de los crímenes, entre otras medidas.
Desde el inicio del juicio en marzo de este año, más de una docena de testigos han declarado sobre la captura, tortura y violación de Emma Theissen y la desaparición forzada de Marco Antonio. El 9 de abril, más de un mes después de iniciado el juicio, la defensa presentó una moción argumentando que el juez Pablo Xitumul, el presidente del tribunal que está escuchando el caso, debería recusarse a sí mismo. El tribunal en pleno rechazó la moción, al considerar que los hechos alegados no tienen relación alguna con el caso y no se configura ninguna de las causales establecidas en la ley.
La presentación de este recurso, que conocerá la Sala Primera, plantea dudas sobre las intenciones de la defensa, dado que el juicio del caso Molina Theissen ya está llegando a su fin, y los fiscales del Ministerio Público y los abogados de las víctimas ya han presentado sus argumentos.
Esta conclusión se basa en el seguimiento al juicio que ha dado la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), una organización líder que promueve los derechos humanos en las Américas; y del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), organización representante de a la familia en su paso por la Corte IDH que promueve el fortalecimiento de la democracia, la protección y promoción de los derechos humanos y el combate contra la impunidad en América Latina.
“Como el tribunal encargado de escuchar este caso ya ha dictaminado anteriormente, los argumentos de la defensa para la recusación del juez no tienen base legal”, dijo la asesora principal de WOLA Jo-Marie Burt, experta en justicia transicional y que ha observado el juicio Molina Theissen en Guatemala desde que comenzó, el 1 de marzo: “Este es un intento claro para forzar un nuevo juicio y causar más retrasos en un caso que es símbolo de cómo los militares que cometieron crímenes atroces durante el conflicto civil ya no están por encima de la ley”.
Anteriormente la defensa de militares ha usado tácticas similares en juicios de crímenes de lesa humanidad: en 2013, el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez resultó en la recusación de un juez, causando la suspensión parcial de los procesos, antes de que el nuevo juicio pudiera reanudarse en octubre de 2017. Asimismo, numerosos procesos de graves violaciones de derechos humanos han sido obstaculizados por la interposición de recursos frívolos y otras prácticas de litigio maliciosas que han sido condenadas por la Corte IDH en reiteradas ocasiones.
“La familia Molina Theissen está entre cientos de miles de familias que sufrió graves violaciones y cuyos seres queridos fueron desaparecidos por los militares durante el conflicto de Guatemala, y que todavía están buscando justicia. Por mucho tiempo, influyentes figuras militares han hecho todo lo posible para evitar ser juzgados y responsabilizados por sus crímenes. La Corte Interamericana ha ordenado al Estado encauzar los procesos legales para garantizar el acceso a la justicia y evitar el uso de maniobras legales sin fundamento para retrasar y obstruir el proceso, como se pretende hacer nuevamente en el caso Molina Theissen”, expresó Marcela Martino, Subdirectora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.
Si la Sala de apelaciones aprueba la moción de recusación, esto podría beneficiar indebidamente a la defensa, ya que estarían mejor preparados para los argumentos de la fiscalía en caso de que se realice un nuevo juicio y el Estado estaría incurriendo nuevamente en responsabilidad internacional. WOLA, CEJIL y otras cinco organizaciones internacionales han presentado un informe amicus para el tribunal, cuestionando los argumentos utilizados por la defensa para respaldar su moción de recusación y acercando estándares internacionales que deben ser utilizados para resolver.
“No hay fundamento legal para que el juez Xitumul se recuse de este caso, y no hay ninguna razón legal por la cual el juicio no deba continuar y concluir”, dijo Burt.