Washington, D.C., 26 de diciembre del 2017.- Las organizaciones abajo firmantes, condenamos el indulto y el derecho de gracia a favor del expresidente Alberto Fujimori, otorgados por el actual presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el pasado 24 de diciembre.

Si bien el indulto y el derecho de gracia por razones humanitarias son una potestad del presidente de la República, en este caso se han dado en un contexto político crítico para el presidente peruano y, según miembros de su propio partido, habrían sido producto de una negociación política, no de una decisión de carácter humanitario, yendo en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como hemos señalado en múltiples ocasiones, el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, indultos u otras excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Alberto Fujimori. Por otro lado, según el derecho interno peruano, para ser beneficiado por un indulto humanitario, se tiene que cumplir con uno de los siguientes requisitos: tener una enfermedad terminal o una enfermedad grave en estado avanzado, degenerativo e incurable, o padecer condiciones carcelarias que ponen en grave riesgo la vida y el estado de salud. Como se puede apreciar en el vídeo difundido el día de hoy por el propio expresidente Fujimori, su situación no corresponde a ninguno de estos supuestos. Esto ha sido confirmado por médicos de prestigio, quienes han señalado públicamente que los problemas de salud de Alberto Fujimori, son propios de personas de su edad.

Los hechos ocurridos en el Perú días antes del indulto, sugieren que éste habría sido producto de una negociación oculta entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y un grupo de parlamentarios fujimoristas liderados por uno de los hijos del expresidente Fujimori, que lo apoyaron en el reciente proceso de vacancia (destitución) realizado el pasado jueves 21. Esta hipótesis ha sido confirmada por ministros y congresistas pertenecientes al partido de gobierno, varios de los cuales ya han presentado su renuncia.

“En efecto, el Presidente Kuczynski ha negociado su permanencia en el poder a cambio de otorgar el indulto a favor de Alberto Fujmori, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2009 a 25 años de prisión, al hallarlo responsable, como autor mediato, por el homicidio agravado de 25 personas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, así como el secuestro agravado de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer”, señaló Jo-Marie Burt, Asesora Principal de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “El Presidente Kuczynski tomó esta decisión a espaldas de las víctimas y de la ciudadanía, como puro cálculo político, sin importar los derechos humanos y las formas democráticas”, agregó.

Cabe mencionar que el presidente Kuczynski no sólo le ha concedido al expresidente Fujimori el indulto, sino también el derecho de gracia, perdonándole la pena de 25 años de prisión que se encontraba cumpliendo y, además, exonerándolo de cualquier proceso judicial en su contra actualmente en curso. En la actualidad, Fujimori enfrenta una acusación por el asesinato de seis personas de la comunidad campesina de Pativilca, que habría sido realizado por el Grupo Colina en 1992.

Pese a la precariedad y debilidad que aún padece el sistema judicial, el Perú es considerado como ejemplo de lucha contra la impunidad en materia de derechos humanos, al haber logrado juzgar y condenar a un expresidente de la República, a través de un tribunal independiente e imparcial, y respetando todas las garantías del debido proceso. Compartimos el sentimiento de indignación y decepción de millones de peruanos y peruanas por esta lamentable decisión. En especial, nos solidarizamos con las víctimas y familiares de los casos de graves violaciones de derechos humanos por los cuales el expresidente Fujimori fue hallado culpable.

“Los que cuestionamos el pedido de vacancia contra el presidente Kuczynski del pasado jueves — porque lo consideramos un atentado contra la democracia –, no podemos ocultar nuestra sorpresa e indignación por esta decisión”, señaló Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF. “El presidente no sólo mintió reiteradamente sobre la posibilidad de este indulto, sino que, una vez hecha pública su decisión, la justificó usando argumentos que contradicen lo señalado en sentencias judiciales nacionales e internacionales. No dudo que esta decisión tendrá serias implicancias a nivel internacional”.

Para Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “las acciones del presidente peruano tienen serias implicancias para la democracia. Ellas ponen en jaque el estado de derecho al ignorar los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales del Estado frente a crímenes contra la humanidad. La Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que los indultos, amnistías y otras exenciones de responsabilidad de graves violaciones a los derechos humanos son incompatibles con los tratados internacionales ratificados por el Perú.”

Organizaciones firmantes:

Katya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), ksalazar@dplf.org

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), vkrsticevic@cejil.org, ajaen@cejil.org

Jo Marie Burt, Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), jmburt.wola@gmail.com