A un año de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz- las organizaciones firmantes reconocemos que esta fue un hito histórico en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Observamos que esta decisión ha permitido algunos avances, como la reapertura de al menos 4 procesos, a los cuales se les había aplicado la Ley de Amnistía. No obstante, en solamente uno de ellos -el correspondiente a la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños-, se han practicado nuevas diligencias.

En este sentido, manifestamos nuestra preocupación por la falta de avances significativos en la obtención de justicia en los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado salvadoreño.

La sentencia ordena una serie de medidas concretas tales como la adopción de legislación para garantizar el acceso a información relevante; disponer de los recursos necesarios para la investigación y considerar las medidas de reparación integral para las víctimas. Nada de esto ha ocurrido

Entretanto, si bien la Fiscalía General de la República (FGR) ha creado una unidad especial para la investigación de este tipo de casos, sigue mostrando un rol pasivo y deficiente, justificándose en que no cuenta con suficientes recursos para atenderlos. Además, las organizaciones observamos una aparente falta de criterio uniforme para la asignación de este tipo de procesos. Esto, pues algunos de los asuntos que deberían corresponder a esta unidad siguen en manos de unidades de homicidios o de derechos humanos. A la fecha, no se conoce de ningún caso que esté avanzado por iniciativa de la FGR.

Las organizaciones subrayamos que la obtención de justicia es fundamental para la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y para la no repetición de hechos similares. Los mecanismos de horror que utilizan las organizaciones criminales actuales; la insuficiente investigación de las estructuras responsables y la falta de atención a las víctimas son, en parte, una herencia de los asuntos pendientes desde el conflicto armado. La impunidad por los delitos del pasado favorece la violencia y la impunidad de ahora.

En consecuencia, exhortamos al Estado salvadoreño a adoptar las medidas necesarias para que la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía tenga plenos efectos, a través de la realización de investigaciones serias y efectivas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. El Salvador vive un momento clave para la lucha contra la impunidad y la reivindicación de la memoria colectiva y el fortalecimiento de la democracia. Esta es la oportunidad para dar respuesta al clamor que durante más de 20 años han mantenido las víctimas: justicia, contribuyendo con ello al inacabado proceso de reconciliación nacional.