El gobierno mexicano debe garantizar la seguridad e integridad de quienes buscan a sus familiares desaparecidos, y resolver con seriedad la crisis de desapariciones que persiste en el país
La noche del 10 de mayo, Día de las Madres en México, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, defensora de derechos humanos y madre de una hija desaparecida, fue asesinada a balazos en el estado de Tamaulipas. Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra gran preocupación y consternación por el asesinato de Miriam y urgimos a las autoridades mexicanas a llevar a cabo acciones inmediatas que aseguren que este caso será debidamente investigado y no terminará en impunidad.
Desafortunadamente, Miriam es la víctima más reciente de un patrón de violencia y represalias en contra defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y personas a través de México que con su trabajo denuncian la negligencia estatal en diversos aspectos de la vida pública del país, desde la corrupción hasta la falta de resultados en la búsqueda de personas desaparecidas.
Las madres y familias de personas desaparecidas se encuentran en una situación particularmente vulnerable. Ante la falta de acciones contundentes y resultados en la búsqueda y localización de las y los desaparecidos, son las familias quienes se arriesgan a salir a las calles en búsqueda de pruebas y rastros de sus seres queridos, y son ellas quienes impulsan las investigaciones oficiales y presionan a las autoridades para presentar avances. En este proceso, las familias a menudo se encuentran en situaciones de riesgo, carecen de todos los elementos necesarios para llevar a cabo sus pesquisas y se exponen a posibles represalias por parte de autoridades y de perpetradores de delitos.
El caso de Miriam así lo confirma. Después de la desaparición de su hija Karen Alejandra Salinas en 2012 y ante la falta de resultados y confianza en las autoridades, Miriam se unió a los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos en México. Era la dirigente del Colectivo de Desaparecidos en Tamaulipas. Ella misma investigó el paradero de su hija y halló sus restos en una fosa clandestina dos años después de los hechos.
Miriam no es la única que ha sido asesinada mientras exige justicia por la desaparición y los delitos cometidos en contra de un familiar. Según información recopilada por grupos mexicanos de derechos humanos, otros casos de familiares asesinados mientras exigían justicia para personas desaparecidas incluyen: Gerardo Corona Piceno en Jalisco en abril de este año; José Jesús Jiménez en Veracruz en 2016; Heriberto López Gastelum en Sonora en 2016; Cornelia San Juan Guevara Guerrero “Doña Coni” en Estado de México en 2016; Bernardo Carreto, Norma Angélica Bruno y Miguel Ángel Jiménez Blanco en Guerrero en 2015; Luis Abraham Cabada Hernández en Sinaloa en 2015; Sandra Luz Hernández en Sinaloa en 2014; Nepomuceno Moreno en Sonora en 2011; miembros de la familia Reyes Salazar en Chihuahua entre 2008 y 2011; y Marisela Escobedo en Chihuahua en 2010. Ninguno de estos casos debe quedar impune.
Las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México son defensores de derechos humanos. Instamos a las comisiones estatales y nacional de derechos humanos, el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y otros organismos federales y locales a reconocerlos como tales y por tanto a proporcionarles las medidas de protección necesarias y adecuadas, así como a garantizar que contarán con las condiciones para llevar a cabo su labor de defensa sin poner en riesgo su vida y su integridad.
Exigimos a las autoridades mexicanas que asuman en forma seria su responsabilidad en la investigación del asesinato de Miriam, y no dejen que trabas burocráticas y conflictos de jurisdicción obstaculicen este caso ni otras agresiones que han sufrido familiares en búsqueda.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro sincero pésame a la familia y a los y las compañeros de Miriam y les brindamos nuestra solidaridad en su lucha para acabar con las desapariciones en México (que solo según cifras oficiales sobrepasa los 30mil casos) y la violencia en contra de defensores de derechos humanos que persisten en el país.
Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF)
JASS (Asociadas por lo Justo)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Robert F. Kennedy Human Rights