Las organizaciones firmantes celebramos la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, que habían dejado en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que constituyen violaciones graves a los derechos humanos, cometidas durante el conflicto armado.

Es una decisión histórica para el país que refuerza la esperanza de las víctimas y sus familiares que sufrieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, desplazamiento forzado y otras violaciones sistemáticas y que se constituye en un acto reparador en sí misma.