El caso de la masacre de El Mozote ha sido reconocido como el episodio más violento de la historia moderna de América Latina, en el cual aproximadamente 1,000 personas fueron ejecutadas por la Fuerzas Armada de El Salvador en diciembre de 1981; más de la mitad eran niños, niñas y adolescentes. En septiembre de 2016, tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y ante la insistencia de las víctimas, un juez reabrió el proceso penal en relación con este caso. Sin embargo, más de un año después, a pesar de algunos avances, la falta de cooperación gubernamental en el suministro de información militar relevante y la imposibilidad de lograr detenciones para oficiales del ejército que han sido formalmente acusados por su responsabilidad penal, han sembrado una duda sobre el compromiso del gobierno un compromiso serio para vencer la impunidad. En este contexto, expertos internacionales y académicos piden a las instituciones salvadoreñas que actúen con decisión y eficiencia para resolver el caso.