San Salvador y Washington DC, 9 de junio de 2017.– La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, Due Process of Law Fundation), El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (University of Washington, Center for Human Rights), la Fundación CRISTOSAL, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro – Búsqueda), el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (CPDH), y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); brindamos nuestro apoyo a las víctimas sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote y otros lugares aledaños, expresamos nuestras expectativas que se realice un proceso penal justo, ágil y respetando los derechos humanos de las víctimas.
A partir de este día viernes 9 de junio, y por órdenes del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, se recibirán las declaraciones de 11 sobrevivientes de la masacre de El Mozote, ocurrida entre los días 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 1981, a manos de integrantes del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “Atlacatl” y de otras estructuras de la Fuerza Armada de El Salvador que actuaron en una operación combinada.
Los testimonios se dan en el marco del proceso penal que ha sido reabierto luego de la sentencia que emitió en el 2016, la Sala de lo Constitucional en la que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, y en el marco de la sentencia del 2012 que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado por la perpetración de dicha masacre.
Las declaraciones de estos sobrevivientes ante un tribunal de justicia son un acontecimiento sin precedentes en El Salvador, que por años ha cubierto esta masacre, y darán una oportunidad para reivindicar la verdad. Muchos políticos y allegados a los sectores militares, siguen negando la existencia de dicha masacre, pretendiendo sostener que lo sucedido en el cantón El Mozote fue una batalla entre integrantes de la antigua guerrilla salvadoreña y el ejército, una historia que no es sostenible a la luz de la evidencia periodística, balística y forense recogida en la zona, en la que se identificaron únicamente cadáveres de población civil, calculándose más de 500 personas asesinadas, siendo en su gran mayoría osamentas de mujeres, niñas y niños, menores de 12 años.
Un operativo militar de la naturaleza del desarrollado en el cantón El Mozote y los caseríos aledaños no pudo ser ejecutado sin el conocimiento y la anuencia de las más altas estructuras militares, como la Jefatura del Estado Mayor Conjunto y el Ministro y Viceministro de la Defensa de aquellas épocas, debido a la complejidad logística que implicaba la movilización no sólo del batallón Atlacatl, sino de otras unidades militares.
Las masacres en población civil fueron una estrategia empleada intensamente por la fuerza armada en el marco de los primeros años del conflicto armado que vivió El Salvador (1980-1984), con el propósito de disminuir y desalentar el apoyo social que numerosas comunidades brindaban a las estructuras guerrilleras, y fueron disminuidas tras importantes presiones internacionales que recaían sobre las autoridades civiles y militares del país.
Las instancias del Estado correspondientes tienen la obligación de investigar los hechos de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, por ser calificado como un crimen de lesa humanidad.