El 15 de agosto de 2016, 26 miembros del Congreso de los Estados Unidos, liderados por Jim McGovern y Norma Torres, solicitaron al Presidente de ese mismo país, Barack Obama, mediante una carta que se hizo pública, la desclasificación de archivos militares y de inteligencia que se relacionan con casos de desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado en El Salvador.

En abril de 2016, los mismos congresistas, con el apoyo de WOLA y DPLF, organizaron una sesión informativa en el Capitolio con personas salvadoreñas y americano-salvadoreñas asociadas a la Fundacion Mauricio Aquino, cuyos seres queridos desaparecieron durante el conflicto que azotó ese país por 12 años y que finalizó con unos Acuerdos de Paz.

Al mismo tiempo, 21 congresistas, también liderados por McGovern y Torres enviaron otra carta al Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén exhortándolo a crear una comisión nacional que investigue y resuelva los casos de las personas desaparecidos adultas en la guerra en El Salvador.

Previamente, varias organizaciones salvadoreñas e internacionales, incluyendo a DPLF, habían exigido al Presidente Sánchez Cerén la instalación de una comisión para la búsqueda de las personas desaparecidas, que incluya una base de datos genéticos y la desclasificación de archivos de las fuerzas militares relacionados. Una comisión de estas características ya existe para la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, la cual fue creada por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas para El Salvador reportó 5,000 desapariciones forzadas entre 1980 y 1992. Sin embargo, los datos de organizaciones civiles indican que podrían existir más de 10,000 desaparecidos. Ningún caso ha sido resuelto o investigado por las instituciones estatales hasta el día de hoy.