El 6 de enero de 2016, el Ministerio Público promovió ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala antejuicio contra Edgar Justino Ovalle Maldonado, persona cercana al presidente Jimmy Morales, y quien desde el 14 de enero de 2016 es diputado del Congreso. El Ministerio Público fundamentó en su solicitud que Ovalle Maldonado, en su calidad de Mayor del Ejército de Guatemala durante el conflicto armado, habría tenido participación en las detenciones ilegales, ejecuciones y enterramientos clandestinos de varias víctimas, como delitos de lesa humanidad, en relación con fosas comunes halladas en la base militar de Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ).

La Corte Suprema rechazó el antejuicio el 27 de enero de 2016, y ante esta decisión desfavorable, el Ministerio Público presentó una demanda de amparo en la Corte de Constitucionalidad. Es en este proceso que DPLF, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), y la Guatemala Human Rights Comission/USA (GHRC), hemos presentado un amicus curiae con argumentos relacionados con las estrictas limitaciones que en el derecho internacional tienen las inmunidades de funcionarios públicos cuando se trata de garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho de acceso a la justicia.