El pasado 16 de agosto, durante su visita a El Salvador, DPLF organizó el foro denominado “Retos para el juzgamiento de crímenes internacionales: el rol de las cortes en América Latina”, junto a la Corte Suprema de Justicia de ese país y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), con el propósito de presentar la más reciente publicación de DPLF “Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre crímenes de derecho internacional: volumen II”. En este marco, se expusieron los principales avances que se han dado en la región para la persecución penal de crímenes internacionales, tales como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. A la luz de esta experiencia comparada, se analizaron los desafíos para combatir la impunidad del pasado y su relación con El Salvador de hoy, luego de 18 años del fin del conflicto armado.
Maria Silvia Guillen, directora de FEPSAD y Leonor Arteaga, de DPLF, inauguraron el foro exhortando a los participantes a conocer y utilizar el Digesto como una herramienta para el debate sobre las diferentes alternativas de procesamiento para estos crímenes en el país y la construcción de argumentos jurídicos sólidos e innovadores, tanto desde el litigio como desde el ejercicio de la judicatura. Coincidieron en la necesidad apremiante de abrir espacios de discusión técnicos jurídicos en el tema objeto del foro, que sin dejar de lado el contexto histórico, social y político salvadoreño, abran el camino para impulsar la justicia que miles de víctimas esperan.
Las expertas Naomi Roht-Arriaza y Ximena Medellin desarrollaron los principios y las teorías que desde el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario se han aplicado por cortes y tribunales a lo largo del continente para derribar los impedimentos legales que frenaban el juzgamiento de crímenes internacionales cometidos durante guerras o periodos de represión, como las amnistías y las normas de prescripción, y como estos pueden ser también utilizados en El Salvador. Insistieron en que los procesos de justicia y rendición de cuentas no han puesto en peligro la paz en ningún país, y lejos de ello, han contribuido a la reconciliación y a la democracia. Las ponentes abordaron la necesidad de fortalecer las capacidades probatorias desde las fiscalías y la importancia de que los jueces y juezas asuman su rol rector en ejercicio de su independencia.
Por su parte, Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, dictó una conferencia sobre el reconocimiento progresivo que los crímenes internacionales han tenido en el plano de los sistemas interamericano y de naciones unidas , y compartió algunas sentencias que dicha Sala ha emitido en procesos de habeas corpus y de amparo vinculados al conflicto armado, en los cuales ha sentado una nueva jurisprudencia que por primera vez protege los derechos a la libertad personal en casos de personas desaparecidas y el derecho a la verdad en relación con un denegación de justicia en una masacre.
El magistrado Sidney Blanco se dirigió a la audiencia al cierre del foro invitando a los operadores de justicia a reavivar el estudio en estos temas y a tomarse en serio su deber de garantizar derechos, procesar y en su caso sancionar estos complejos crímenes, incluida la propia Corte Suprema de Justicia.
En la actividad participaron 170 asistentes, entre ellos, jueces del ámbito penal, letrados de la Sala de lo Constitucional, integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, miembros de la Policía Nacional Civil y sociedad civil.
Por la tarde de ese mismo día, 16 de agosto, DPLF y las expertas, llevaron a cabo un conversatorio con los letrados de la Sala de lo Constitucional para evacuar dudas y profundizar las temáticas del foro, en particular respecto de la aplicación práctica de algunos criterios en los procesos constitucionales que tienen bajo su análisis.