La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó hoy un informe que examina detalladamente las reformas a las leyes penales sustantivas llevadas a cabo en el contexto del estado de excepción vigente desde hace más de un año en El Salvador. El informe pone en relieve una serie de preocupaciones en torno a estas reformas y sus consecuencias para la libertad personal y la libertad de expresión de la población, además de sus efectos en los derechos de la niñez en ese país.

El informe es parte de la serie (IN)DEBIDO PROCESO, que expone los profundos impactos que las reformas legales introducidas junto con el régimen de excepción pueden tener sobre la libertad y las garantías del debido proceso. En esta segunda entrega de la serie, se identificaron modificaciones legales caracterizadas por incrementar las penas asociadas a delitos ya existentes, así como la introducción de nuevos delitos.

Dichas reformas, aprobadas por la Asamblea Legislativa, han resultado en un endurecimiento extremo de las sanciones de las conductas delictivas. Sin embargo, se ha observado que los incrementos en las penas no mantienen una relación proporcionada con los bienes jurídicos que se buscan proteger y, por lo tanto, con la gravedad de los delitos en cuestión. Esto plantea interrogantes acerca de la equidad y proporcionalidad del sistema penal, incluso cuando se trata de enfrentar la violencia de las maras o pandillas. Además, este desequilibrio contradice la finalidad humanista que la Constitución salvadoreña asigna al sistema penitenciario, que es la reinserción social de los individuos.

Otro aspecto crucial de las reformas es la introducción de tipos penales que amplían de forma vaga los criterios de pertenencia a grupos criminales, y que permitirían una interpretación que puede generar injusticias. Esta definición imprecisa no solo vulnera el principio de legalidad y la seguridad jurídica, sino que podría tener un impacto grave en la libertad de la población salvadoreña. Existe el riesgo de que las personas sean indebidamente vinculadas a agrupaciones ilícitas debido a interpretaciones amplias de estas normas.

Uno de los hallazgos más alarmantes señalados en el informe es la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes al priorizar la prisión como sanción para aquellos en conflicto con la ley penal. Estas reformas introducen la pena de prisión para menores de edad, un concepto ausente en la legislación salvadoreña, y permiten penas de hasta 20 años para mayores de 16 años, y hasta 10 años para mayores de 12 años. Estas medidas contradicen los estándares internacionales que abogan por la prisión como último recurso y por el período más breve posible. Además, esto va en contra los principios de protección integral del niño y la intervención mínima establecidos en tratados internacionales de derechos humanos que El Salvador ha ratificado. Estos compromisos obligan al país a proteger el bienestar y el desarrollo psicológico y emocional de los niños, niñas y adolescentes, aun cuando se encuentran en conflicto con la ley penal.

El informe también destaca la preocupante criminalización de la libertad de expresión a través de tipos penales ambiguos y amplios que podrían restringir indebidamente este derecho fundamental, crucial para el funcionamiento de una sociedad democrática. Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar explícitamente prevista en la ley de manera clara y taxativa.

“Las reformas penales sustantivas bajo el régimen de excepción en El Salvador plantean preocupaciones esenciales sobre el equilibrio entre la justicia, los derechos fundamentales y la reinserción social. Es esencial que el sistema penal responda a la gravedad de la criminalidad violenta, pero es fundamental que estas cuestiones se aborden de manera integral para garantizar un sistema penal que respete la dignidad humana y promueva la seguridad jurídica. El endurecimiento extremo de las penas no apunta en esa dirección”, indicó Úrsula Indacochea, directora del programa Independencia Judicial de DPLF.

Este informe exhaustivo sobre las reformas penales sustantivas en el marco de un estado de excepción subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre seguridad pública y la restricción de la libertad en el marco de un Estado de derecho. El informe hace un llamado a la reflexión y la revisión de estas reformas, subrayando la importancia de que cualquier modificación a las leyes penales sustantivas cumpla con estándares internacionales de derechos humanos y respete los principios esenciales de un sistema de justicia equitativo y eficaz.

Con esta segunda entrega de (IN)DEBIDO PROCESO, DPLF no solo resalta los problemas resultantes de las reformas penales sustantivas, sino que también fomenta un diálogo informado y promueve acciones dirigidas a proteger los derechos de todas las personas en El Salvador. La organización reitera su llamado a las autoridades y a la sociedad en general a considerar las implicaciones de estas reformas en la búsqueda de un sistema legal justo y respetuoso de los derechos individuales.

Nota a editores:

• Para descargar el informe Reformas penales sustantivas de la serie (In)Debido Proceso haga click en: bit.ly/reformaspenales-sv
• Conozca la serie (In)Debido Proceso: Análisis de las reformas que acompañan el régimen de excepción en El Salvador, visite: http://bit.ly/indebidoproceso-sv
• Información de contacto para entrevistas: Karen Arita, (+504) 3373-5772 | karita@dplf.org