Como organizaciones dedicadas a la defensa del estado de derecho, los derechos humanos, y la institucionalidad democrática en distintos países de la región, expresamos nuestra profunda preocupación por los ataques realizados contra los magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, por parte del Presidente de la República Nayib Bukele. Estos ataques constituyen una respuesta a las decisiones emitidas por la Sala en ejercicio de sus funciones de control de la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia COVID-19.