México: Reforma a la Suprema Corte propuesta por Morena pone en riesgo la independencia de la impartición de justicia

abril 8, 2019

Ciudad de México, 7 de abril de 2019.- La iniciativa de reforma constitucional propuesta el pasado 4 de abril por Morena para crear una tercera Sala Especializada en Anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aumentar a 16 el número de ministros amenaza la independencia de la impartición de justicia y, con ello, los controles y contrapesos que deben existir en todo Estado democrático de Derecho.

El aumento de la cantidad de integrantes de las más altas instancias del Poder Judicial es una estrategia bien conocida a la que han recurrido los poderes políticos en otros países, con el fin de aumentar su influencia sobre las decisiones de tribunales constitucionales o cortes supremas. Al incrementar el número de jueces se suele abrir la oportunidad de designar perfiles afines, cercanos y obedientes. Por supuesto, este fin suele ocultarse y los cambios se justifican en términos de la necesidad de mayor eficiencia y/o combate a las deficiencias de los poderes judiciales en cuestión. Los casos abundan y son de la más variada ideología, de Roosevelt en 1937 a Menem en 1990, o de la Venezuela chavista a los gobiernos conservadores contemporáneos de Hungría y Polonia.

En su iniciativa, Morena argumenta que “se requiere establecer un órgano judicial abocado exclusivamente a resolver asuntos en materia de corrupción, a efecto de que […] se logre un avance sustancial en la resolución de los expedientes, y a la vez se homologuen los criterios jurisprudenciales”. Aunque en apariencia la propuesta persigue fines positivos, ésta no se puede disociar de anteriores iniciativas que pueden afectar al Poder Judicial, ni de los recientes nombramientos de dos nuevos ministros llevados a cabo mediante procedimientos sumamente cuestionados, ni tampoco del reciente e insólito nombramiento de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El conjunto de iniciativas que tocan al Poder Judicial de la Federación pondrían a México dentro del grupo de países que han visto socavada la independencia judicial por propuestas exclusivas y originarias del poder político en gobiernos de mayoría parlamentaria, como los de Polonia, Argentina, Venezuela, Turquía y Hungría.

Las personas y organizaciones firmantes coincidimos en que es imprescindible combatir el flagelo de la corrupción en todos los niveles, pero consideramos que esta reforma no es la adecuada para lograr este fin, porque:

1) Resquebrajaría la independencia judicial y la capacidad para juzgar imparcialmente

Si bien la iniciativa no fue propuesta por el Ejecutivo, sí lo fue por el partido mayoritario en el Senado que coincide con el del Presidente de la República, y de aprobarse, le beneficiaría a él, al otorgarle la capacidad de nombrar a cinco nuevos ministros, potencialmente afines y leales. Con los dos ministros recientemente propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, el Ejecutivo probablemente contaría con el apoyo de siete votos (y con ocho a partir de 2021 cuando se retire el ministro Franco), los cuales serían suficientes, por ejemplo, para rechazar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes promovidas por el actual gobierno, pues una mayoría de 11 de los 16 votos del Pleno sería ahora necesaria para invalidar normas generales. Con ello, leyes violatorias de derechos humanos o favorables a grupos de interés económicos o políticos podrían seguir formando parte del ordenamiento jurídico, al no haber satisfecho el requisito formal de la mayoría calificada para su expulsión. Esto preocupa porque al contar con una amplia mayoría legislativa, el Ejecutivo casi asegura que sus iniciativas sean aprobadas. Los controles y contrapesos que toda democracia debe tener constitucionalmente para su correcto funcionamiento se debilitarían de manera sustantiva.

2) No está basada en diagnósticos rigurosos y objetivos, que especifiquen la relación entre medios y fines

La iniciativa expone algunas cifras sobre el rezago en la Segunda Sala de la Suprema Corte. Sin embargo, las tasas de rezago de la Segunda Sala se encuentran dentro del promedio de rezago de una Corte Suprema como la nuestra. Además, la carga procesal, como se ha observado en diversos países, no se resuelve creando nuevos órganos, sino mediante estrategias de mejora de procedimientos. Sin otras evidencias más que las ofrecidas en la iniciativa, no se puede tomar una decisión informada sobre la necesidad de una nueva Sala especializada en esta materia. La motivación fundamental de la iniciativa es el ahorro de recursos monetarios consistente con la política de “austeridad republicana”. No obstante, no existe evidencia alguna de que una iniciativa de esta naturaleza contribuya a dicha austeridad, pero algunos antecedentes internacionales demuestran cómo medidas de este tipo terminan minando la independencia en la impartición de la justicia y con ello, la salud republicana.

3) Cambiaría la naturaleza de la Suprema Corte

La Suprema Corte es un tribunal de control constitucional y no de legalidad, como son la mayoría de los asuntos que tienen que ver con delitos de corrupción. Por ello, en todo caso, la creación de un tribunal de menor jerarquía para atender esos casos podría ser suficiente.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a los senadores para no aprobar esta reforma. Sin duda es necesario reforzar la política de combate a la corrupción, pero consideramos que esto pasa por fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, no por crear una nueva Sala de la Suprema Corte especializada en esta materia. Sin duda, son necesarias reformas al Poder Judicial Federal, pero con el fin de fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas y blindar su independencia, no para socavarla.

Atentamente

Organizaciones firmantes

Academia Mexicana de Derecho Fiscal
Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación
Académicas en Acción Crítica
Artículo 19 México y Centroamérica
Causa en Común
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Colectivo BUSCAME (Buscando Desaparecidos México)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
El Día Después
Equis Justicia para las Mujeres
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – apoyo internacional
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
I(DH)EAS, Asociación de Litigio Estratégico
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México
Impunidad Cero
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
Laboratorio de Innovación para la Paz
México Evalúa
México Unido contra la Delincuencia (MUD)
Observatorio Designaciones Públicas
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) – apoyo internacional
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).
Red por la Ciudadanización de la Justicia
Red por los Derechos de la Infancia (REDIM)
Renacer Lagunero
Sabuesos
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Visión Legislativa
Zacatecanos por la paz