Ante el interés del Presidente Biden en frenar la migración irregular desde los países del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos, y las crisis actuales del Estado de Derecho y de la corrupción en esa región, DPLF presentó un documento informativo con recomendaciones para la consideración de la Administración de Biden a medida que desarrolla su estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración. DPLF afirma que centrar los esfuerzos anticorrupción en las víctimas de la corrupción debe ser una prioridad transversal.
Este documento presenta elementos regionales y específicos de cada país que deben ser cuidadosamente considerados para asegurar un progreso real y duradero en el fortalecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos elementos incluyen el apoyo a jueces y fiscales independientes; la garantía de la participación ciudadana en las iniciativas oficiales de monitoreo y en los procesos de selección de operadores de justicia; y, la promoción de la implementación de las recomendaciones de la MACCIH y la CICIG, al tiempo que se impulsa un mandato más fuerte de la CICIES. Además, DPLF sostiene que los Estados Unidos deberían apoyar iniciativas para promover un enfoque anticorrupción y de derechos humanos, incluyendo el fortalecimiento del papel de la sociedad civil y de las víctimas en la investigación penal de la corrupción.
